
TC español declaró constitucional que una Ley autonómica imponga a sus diputaciones provinciales abordar actuaciones en materia de servicios sociales.
Las diputaciones provinciales tienen su propia autonomía garantizada por la Constitución para escoger las materias a las que ceñir su competencia propia de cooperación y asistencia a pequeños municipios.
23 de julio de 2020


















