Jorge Precht

Es muy lamentable entonces que la propuesta de la Convención Constitucional en su artículo 67.3 solo hable que las “agrupaciones religiosas y espirituales puedan organizarse como personas jurídicas…”. Ello, a mi entender, puede lamentablemente reabrir el viejo debate acerca de la personalidad jurídica en las iglesias y de su régimen jurídico propio. Este debate ya está cerrado por la evolución jurídica de nuestro país conforme al principio evolutivo de los Derechos Humanos, reconocido en numerosas sentencias por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La identidad cultural es el componente esencial que define a un grupo humano como un colectivo diferenciado y tiene un carácter evolutivo y dinámico. Cualquiera medida que adopte el Estado destinada a proteger los derechos de estos pueblos debe partir del respeto de sus formas de vida únicas y particularidades propias. El derecho a transmitir la cultura propia se vincula el derecho a acceder a los diferentes medios a través de los cuales se manifiesta este tipo de libertad de expresión, entre ellos, la radiodifusión.

Como está dicho, el Estado de Chile se ha parapetado en el artículo 2 de la Ley Indígena, elaborado sin anuencia ni participación indígena y entendiendo que las condiciones para acceder a la certificación de la calidad de indígena son “numerus clausus”.

Para llegar a esta decisión la Corte Suprema se apoya en diversos instrumentos internacionales que consagran el derecho humano de acceso al agua y al saneamiento, claramente sostenido sea en el derecho internacional de los derechos humanos.

A mi juicio debiera estar ex-ante como un aporte del Congreso, un anteproyecto de Reglamento, de manera que la Convención pueda con rapidez discutir y aprobar el Reglamento por los ⅔, evitando quedar empantanada en cuestiones adjetivas.

El Convenio es prudente en el caso de asignación de recursos públicos ya que dice que el Estado Parte debe (6ºc) "establecer los medios necesarios para el pleno desarrollo e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin".

CS confirmó sentencia que rechazó protección deducido por particular contra Cámara de Comercio de Santiago y Equifax Chile por no eliminar inmediatamente los datos de recurrente de sus registros.

El Tribunal de alzada estableció que la información solicitada por ley de transparencia está protegida por secreto tributario.

El Tribunal debía dilucidar si subir una información voluntariamente y asumiendo las condiciones fijadas por la propia red social puede ser utilizada para otros fines distintos para los que se subió por parte de un tercero que no haya recabado el consentimiento del titular legítimo de dicha información.

La emergencia lleva a los consumidores a comprar sin verificar su orgigen.

El objetivo de la acción cautelar es que los periodistas y otros profesionales de medios de comunicación tengan acceso de manera oportuna a exámenes y tratamientos en caso de haberse contagiado durante el ejercicio de sus funciones, luego de que fueran convocados a puntos de prensa por la seremi de La Araucanía quien se encuentra en cuarentena tras dar positivo en el examen de Covid-19.

Tribunal estimó que los hechos no son tan graves como para estimar un término justificado de la relación laboral.

Acorde a estadísticas de Fiscalía.

El Parlamento Europeo trabaja para garantizar que se pueda comprar ventiladores, mascarillas y otros equipos médicos para los hospitales de toda la UE.

Mandatario filipino recibió "poderes especiales" del congreso para lidiar con la pandemia

Esta nueva normativa busca dar respuesta a problemas que ha generado la pandemia del denominado Codiv-19 en los procesos judiciales.

La Corte de Santiago indicó que, el obrar de la recurrida debió entenderse ilegal, al haberse impuesto al menor el cumplimiento de exigencias adicionales de aquellas que correspondió legalmente.

Para evitar intereses e infracciones, la observación presidencial permite que este trámite sea pagado en dos cuotas. La primera, el 30 de junio, y la segunda, el 31 de agosto.

Esto, a propósito de consulta efectuada por el alcalde de Puente Alto.

El recurrente estimó que se vulneró sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 2 y 24.