¿Quién levanta el secreto bancario? Un debate estéril

El 19 de agosto pasado se constituyó la Comisión Mixta llamada a zanjar el proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica (Boletín 15975-25). Tres años de tramitación quedaron reducidos a una pregunta: si la Unidad de Análisis Financiero puede requerir información sujeta a secreto bancario sin autorización judicial previa. La pregunta puede ser legítima, pero que haya consumido una discusión que debía versar sobre la construcción de nuestro sistema de inteligencia económica es un problema.

Así, la norma en disputa conserva la autorización judicial como regla general para alzar el secreto bancario y habilita a la UAF, excepcionalmente, a requerir información directamente de los bancos, siempre sobre operaciones sospechosas previamente reportadas. El Senado desechó la norma el pasado 9 de junio, en el tercer empate consecutivo.

Las bancadas de oposición que impulsan la norma sostienen que sin esa facultad no hay persecución efectiva de la ruta del dinero. La objeción que cabe hacerles es de proporción: ¿cuánto aporta esa atribución excepcional al combate del crimen organizado? Poco, porque la UAF no actúa de oficio: la Ley 19.913 no la habilita para ello. Se alimenta de la información que los sujetos obligados le reportan y, una vez procesada y sistematizada, la entrega a la Fiscalía. La facultad discutida ocupa el tramo intermedio de una cadena cuyos dos extremos son más determinantes en la eficacia del sistema, y que el Informe Estadístico 2025 de la UAF dimensiona.

Ese informe consigna 21.828 reportes de operaciones sospechosas en 2025, un 25,3% más que el año anterior (máximo histórico). Los bancos aportaron 14.103 de ellos, el 64,6% del total, con un alza anual de 32,7%, y ocho sectores concentraron el 90% de los reportes. Así, pese al secreto bancario, la banca es quien más reporta.

Lo que ocurre después es más ilustrativo. De esos reportes, la UAF detectó indicios de lavado de activos o financiamiento del terrorismo en 1.132 casos, y esa información llegó al Ministerio Público en 62 informes y complementos. Respondió, además, 270 consultas de la Fiscalía. El cuello de botella pareciera estar en la capacidad de transformar esos insumos en piezas útiles para una investigación penal, antes que en la vía de acceso a la información bancaria.

El eslabón anterior —la generación de escenarios de alerta y su reporte— es el más frágil y el decisivo para detectar operaciones sospechosas, y no depende de autorización judicial alguna. Un reporte existe solo si el escenario del sujeto obligado que lo activa está bien construido: si cuenta con umbrales apropiados, tipologías de conductas sospechosas en constante revisión y una segmentación que cada institución interpreta de acuerdo con su experiencia y sus políticas. Un umbral fijado demasiado alto, o una tipología que no contempla el fraccionamiento entre cuentas de terceros basta para que la operación nunca se reporte y, en consecuencia, para que ningún organismo de inteligencia económica pueda investigarla.

El sistema funciona, entonces, solo si los tres tramos operan a tiempo: los sujetos obligados deben entregar la información que sus alertas producen, la UAF debe procesarla y sistematizarla sin demora, y la Fiscalía debe recibirla en condiciones de investigar. Basta que uno falle para que los otros dos pierdan sentido.

La Operación Tokio muestra qué ocurre cuando esa condición no se cumple. Según la Fiscalía, la red criminal movió más de 75 mil millones de pesos al exterior mediante cuentas fraccionadas y criptoactivos, y entre los imputados hay un ejecutivo bancario y una persona que servía a otro banco desde un proveedor externo. Ciper reveló que al menos cuatro documentos de la UAF con reportes de bancos llegaron al fiscal nacional entre abril de 2024 y mayo de 2026 vinculados a la organización: el primero, dos meses antes del homicidio múltiple de Lampa que originó la causa. La Fiscalía Nacional respondió el 9 de junio que esos informes fueron recibidos, analizados y derivados a las fiscalías regionales, y utilizados en causas vinculadas al Tren de Aragua. La información estaba en el sistema.

La Comisión Mixta quedó integrada en empate, cinco senadores y cinco diputados, y su acuerdo deberá votarse en ambas cámaras. Resuelva como resuelva quién puede alzar el secreto bancario —si un juez a petición del Ministerio Público o la propia UAF—, el resultado habrá que medirlo por otros indicadores. Más relevante será saber cuántos analistas tiene el servicio y cuán capacitados están, cómo se auditan los escenarios de alerta y los modelos de prevención de los sectores que nunca reportan, y qué ocurre con los bienes incautados. Esa sí es la discusión relevante.

Felipe Zaldívar Kunstmann

Abogado, LL.M. London School of Economics.

Profesor de Derecho Internacional Privado en la Pontificia Universidad Católica de Chile