Karla Seguel Pilquinao: “El desafío no es prohibir la tecnología, sino aprender a acompañar a los niños en el mundo digital”

Por Deyanira Gonzales

La tecnología ocupa hoy un lugar central en la vida de niños, niñas y adolescentes. Las pantallas forman parte de su educación, entretención y vida social, y ofrecen herramientas que amplían las posibilidades de aprendizaje y acceso a la información. Sin embargo, su presencia cada vez más intensa también plantea interrogantes sobre los efectos que puede tener una exposición excesiva o sin acompañamiento en la comunicación, la convivencia familiar y el desarrollo de habilidades sociales.

El desafío ya no parece estar únicamente en determinar cuánto tiempo pasan los niños frente a una pantalla, sino también en comprender qué hacen durante ese tiempo, con quién interactúan, a qué contenidos están expuestos y qué capacidad tienen los adultos para acompañarlos en entornos digitales que cambian con enorme rapidez. Establecer límites sin aislarlos de sus espacios de socialización, recuperar el diálogo familiar y detectar oportunamente situaciones de riesgo son tareas que involucran tanto a las familias como a los establecimientos educacionales.

A ello se suma una dimensión jurídica cada vez más relevante. Redes sociales y plataformas digitales recopilan datos, recomiendan contenidos mediante algoritmos y generan nuevas formas de interacción que pueden exponer a los menores a riesgos frente a los cuales las herramientas tradicionales de protección pueden resultar insuficientes. Esto abre interrogantes sobre los deberes de las plataformas, el papel del Estado, la responsabilidad de los adultos y la necesidad de contar con una regulación especialmente diseñada para proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes en el entorno digital.

En esta entrevista abordamos cómo aprovechar las oportunidades que ofrece la tecnología sin que su uso se transforme en una fuente de aislamiento o desprotección; el papel que pueden asumir padres y establecimientos educacionales en el acompañamiento de los menores; los principales desafíos que persisten en materia de protección digital; y las medidas concretas que pueden adoptar las familias para avanzar desde una supervisión reactiva hacia una cultura de protección activa.

Para profundizar en estas materias conversamos con Karla Seguel Pilquinao, profesora de Educación Diferencial con mención en Discapacidad Intelectual, Magíster en Estrategias Didácticas para Personas Autistas y diplomada en Inclusión Social y Educativa de Personas en el Espectro Autista y en Vinculación con el Medio. Cuenta además con formación en accesibilidad cognitiva y lectura fácil y experiencia docente en educación parvularia, básica y media. Actualmente se desempeña como directora de la Escuela del Cariño Alborada, en modalidad EPJA, y como docente universitaria en la formación inicial de profesores de Educación Diferencial y en la preparación de jóvenes con discapacidad intelectual en programas de formación sociolaboral.

1. ¿En qué momento la tecnología deja de ser una herramienta educativa y comienza a convertirse en una dependencia que afecta la socialización, la comunicación y el desarrollo de los niños?

Mire, más que hablar solo del tiempo que pasan frente a una pantalla, lo decisivo es qué está desplazando ese tiempo. Cuando el celular o la tablet reemplazan el juego colectivo en el patio, la conversación en la mesa o incluso el propio aburrimiento —que en el desarrollo infantil es el gran motor de la creatividad y la autorregulación—, entramos en una zona de riesgo.

En la sala de clases lo palpamos a diario: niños y jóvenes con severas dificultades para sostener la mirada, tolerar la frustración de perder en un juego de mesa o regular sus emociones sin un estímulo digital de por medio. Como especialista en discapacidad e inclusión, veo cómo esto impacta con mayor fuerza a estudiantes con condiciones del espectro autista o rezagos del desarrollo, para quienes la interacción cara a cara y la mediación concreta son insustituibles. Cuando la pantalla se transforma en el único mecanismo para calmar una rabieta o llenar un vacío, dejó de ser un recurso pedagógico y pasó a ser una muleta que frena el desarrollo.

2. ¿Quién debe asumir hoy la principal responsabilidad por el uso que hacen los niños de la tecnología: las familias, los colegios o ambos? ¿Qué ocurre cuando ese acompañamiento simplemente no existe?

Es una responsabilidad compartida, pero con roles muy distintos. La familia es la primera escuela de hábitos: decide qué dispositivos entran al hogar, a qué edad y, sobre todo, modela el uso con el ejemplo. Los niños aprenden observando cómo los adultos usamos el teléfono.

La escuela, por su parte, aporta en la alfabetización digital, la convivencia y la detección temprana. Con la entrada en vigencia de la Ley 21.801, que regula el uso de celulares en las aulas de educación párvula, básica y media, las escuelas ganamos un marco normativo claro para resguardar el espacio pedagógico y fomentar la interacción comunitaria. Esto se alinea perfectamente con los ejes de la Política Nacional de Convivencia Educativa (PNCE) 2024–2030, que pone al centro el bienestar integral y las relaciones humanas.

El gran problema surge cuando hay omisión en ambos lados. Cuando un niño queda a la deriva digital, expuesto a algoritmos diseñados para hiperestimular, vemos retrocesos en el lenguaje, aislamiento socioemocional y vulneraciones graves, desde el ciberacoso hasta la exposición a contenidos inadecuados.

3. Muchas situaciones de riesgo en Internet se detectan cuando ya han escalado. ¿Qué tan decisiva es la comunicación entre padres, profesores y niños para advertir a tiempo señales de alerta?

Es el pilar fundamental. Sin embargo, hay que ser realistas: un niño o adolescente rara vez va a buscar ayuda si teme que la primera respuesta del adulto sea el castigo o quitarle el teléfono.

Con mis estudiantes de pedagogía en la universidad siempre enfatizo que la confianza no se improvisa durante una crisis; se cultiva en la cotidianidad. Si un estudiante sabe que al plantear una duda o un problema va a encontrar contención y no un reto desmedido, va a hablar a tiempo. La alianza entre la familia y la escuela funciona como una red de protección: el docente nota un cambio actitudinal o una desregulación en la sala, lo contrasta con los apoderados, y entre ambos construyen una respuesta integral antes de que la situación escale.

4. ¿Cómo pueden los padres limitar el tiempo de conexión sin que sus hijos perciban esas restricciones como una exclusión de sus principales espacios de entretención y socialización?

El límite no debe presentarse como una sanción arbitraria, sino como una norma de cuidado de la salud y la convivencia. Para los adolescentes, el espacio digital es una extensión real de su vida social, no un simple pasatiempo; por ende, cortar la conexión de golpe genera un aislamiento percibido como muy violento.

La clave está en negociar y ofrecer alternativas significativas. Si quitamos la pantalla pero no proponemos presencia, tiempo en familia o actividades al aire libre, el estudiante solo experimenta un vacío. No se trata de desconectarlos del mundo, sino de acordar horarios protegiendo momentos sagrados como la alimentación y el descanso, y mantener un diálogo fluido sobre con quiénes interactúan en la red.

5. En hogares donde las pantallas han desplazado buena parte de la conversación cotidiana, ¿cómo se recuperan los espacios de diálogo y convivencia sin demonizar una tecnología que también ofrece beneficios educativos?

No se trata de demonizar la tecnología, sino de resguardar el vínculo humano. La vía para recuperar el diálogo no son las prohibiciones drásticas, sino el rescate de los rituales cotidianos: la mesa sin pantallas, la conversación durante el trayecto a la escuela o un espacio de lectura antes de dormir.

En la educación de adultos (modalidad EPJA), donde me toca dirigir una escuela vespertina, veo constantemente a apoderados y estudiantes adultos que buscan herramientas para reencontrarse con sus familias. El consejo siempre es el mismo: el cambio empieza por el ejemplo del adulto. Si le exijo a un hijo que guarde el celular pero yo no despego la mirada de la pantalla, el mensaje pierde toda efectividad. El problema no es el dispositivo, sino la falta de presencia real.

6. Desde su experiencia docente, ¿dónde está hoy la principal dificultad: en enseñar a los niños a usar responsablemente la tecnología o en que los propios adultos aprendan primero a desenvolverse y acompañarlos en el entorno digital?

El nudo crítico está en los adultos. Las nuevas generaciones dominan la operatividad de las aplicaciones con mucha destreza, pero carecen de la madurez cognitiva y emocional para evaluar riesgos, filtrar información o autorregularse.

Muchos padres y educadores se restan del acompañamiento argumentando que «no entienden» las plataformas de moda. Como les digo a los profesores en formación: no se necesita ser un experto en TikTok o en videojuegos para educar; lo que se requiere es criterio, supervisión afectiva y límites claros. Un algoritmo jamás va a reemplazar la mediación de un adulto significativo. La brecha más peligrosa no es la tecnológica, sino la de la presencia.

7. Frente al avance de las redes sociales y plataformas digitales, ¿cuáles son hoy los principales vacíos de la legislación chilena para proteger efectivamente a niños, niñas y adolescentes?

Aunque hemos avanzado con leyes como la N° 21.801 en el ámbito escolar y los marcos sobre datos personales, todavía nos falta una legislación integral sobre entornos digitales seguros para la infancia.

Persisten vacíos críticos: la verificación de edad en redes sociales es prácticamente simbólica, los algoritmos operan sin regulación etaria real ni transparencia, y las plataformas multinacionales evaden su responsabilidad preventiva en delitos como el ciberacoso o la captación de menores. En las escuelas absorbemos diariamente las consecuencias socioemocionales de estos vacíos. Se requiere una normativa exigente que obligue a las empresas tecnológicas a diseñar entornos seguros desde el origen, y no solo a reaccionar cuando el daño ya es irreversible.

8. ¿Chile necesita una regulación específica para proteger a los menores en plataformas digitales? Y, de ser así, ¿qué materias deberían ser ineludibles: edad de acceso, ¿tratamiento de datos, publicidad, algoritmos, contenidos o responsabilidad de las plataformas?

Absolutamente, es una tarea urgente. Y todas esas materias deben abordarse de manera interconectada. De nada sirve restringir la edad de acceso si no se fiscaliza el tratamiento de datos de menores o la publicidad dirigida que explota su vulnerabilidad cognitiva.

Asimismo, es imperativo establecer la responsabilidad legal de las plataformas. Hoy la carga de la seguridad recae casi exclusivamente en las familias y en las comunidades escolares. La ley debe exigir a las empresas medidas de protección activas, auditorías de sus algoritmos y canales inmediatos de denuncia y remoción de contenido riesgoso.

9. ¿El marco jurídico chileno realmente protege a los menores frente a los riesgos digitales o todavía llega tarde? Cuando esa protección falla, ¿dónde debería recaer la responsabilidad: en los padres, los establecimientos educacionales, las plataformas o el Estado?

El marco jurídico suele ir a un ritmo más lento que la evolución tecnológica, por lo que muchas veces llega de forma reactiva. Cuando la protección falla, la responsabilidad debe entenderse de manera corresponsable y escalonada.

El Estado tiene el deber de normar, fiscalizar y proveer herramientas; las plataformas deben garantizar la seguridad por diseño; la escuela debe alfabetizar digitalmente y sostener la convivencia escolar según los lineamientos de la PNCE; y la familia debe ejercer el acompañamiento cotidiano. Cargarle la mano a un solo actor es un error. Cuando el sistema falla, el costo emocional y pedagógico lo paga directamente el estudiante.

10. Si una familia quisiera pasar hoy mismo de una actitud reactiva a una verdadera “protección activa” de sus hijos en Internet, ¿cuáles deberían ser sus tres primeras medidas concretas?

En primer lugar, establecer acuerdos dialogados: sentarse a conversar sobre las reglas de uso según la etapa de desarrollo, explicando el sentido de los límites para que no se perciban como un mero castigo.

En segundo lugar, configurar la privacidad y el control parental: utilizar las herramientas técnicas disponibles para restringir contenidos inapropiados y supervisar con quiénes se relacionan, manteniendo una mirada atenta sin caer en el espionaje invasivo.

Por último, institucionalizar espacios cotidianos desconectados: resguardar momentos familiares libres de pantallas donde la prioridad sea la conversación y el vínculo afectivo, asegurando que el niño sepa que siempre puede acudir a sus padres ante cualquier duda o problema digital.

11. ¿Qué le diría al padre o a la madre que observa a su hijo permanentemente conectado, siente que ha perdido el control y no sabe si intervenir, prohibir o simplemente acompañar?

Le diría que no se aísle en la culpa; esa sensación de desorientación la comparten miles de familias hoy en día. Lo importante es saber que nunca es tarde para retomar la conducción formativa.

Les aconsejo cambiar la confrontación por la observación curiosa: indagar qué necesidad está cubriendo esa pantalla (¿es la necesidad de pertenencia, la búsqueda de entretención o la evasión de un malestar socioemocional?). A partir de ahí, hay que acercarse a su mundo digital sin juzgar de entrada. Y, sobre todo, apoyarse en la comunidad escolar. Los equipos docentes y de convivencia estamos para orientar y hacer alianza con los apoderados. Educar en la era digital es un desafío complejo, pero la presencia afectiva y la firmeza amorosa siguen siendo los mejores factores protectores.