Condenan a 10 años y un día de presidio a hombre que facilitó fuga de reclusos mediante una tirolesa

Por su parte, la defensa del conductor sostuvo que realizaba traslados informales y que fue contratado para un viaje entre Vallenar y Copiapó, sin conocer la identidad de sus pasajeros. Agregó que la fuga se había consumado ocho días antes de su detención y que no existían pruebas de su participación en la planificación o ejecución del escape.

El tribunal acreditó que la fuga se ejecutó mediante una tirolesa instalada con apoyo externo y que dos de los internos quebrantaron sus condenas de presidio perpetuo calificado. Asimismo, rechazó que las sanciones disciplinarias impuestas por Gendarmería impidieran aplicar un castigo penal, al establecer que ambas tienen finalidades distintas: las primeras buscan mantener el orden y la seguridad penitenciaria, mientras que el delito de quebrantamiento de condena, previsto en el artículo 90 del Código Penal, sanciona la interrupción voluntaria del cumplimiento de una resolución judicial. Por ello, concluyó que ambas sanciones pueden coexistir sin vulnerar la prohibición de castigar dos veces por el mismo hecho y fundamento.

Respecto del acusado de facilitar la evasión desde el exterior, el tribunal acreditó su participación mediante registros telefónicos que demostraron comunicaciones con uno de los internos minutos antes y durante la fuga, incluida una llamada a las 02:32 horas. A ello se sumaron antecedentes entregados al OS9 de Carabineros por su expareja, quien relató que el hombre le había comunicado su participación en el plan, además de mensajes y registros de ubicación que confirmaron su desplazamiento a Valparaíso. Los jueces concluyeron que estas pruebas, valoradas conjuntamente, demostraban su colaboración en la planificación y entrega de medios para ejecutar la fuga, sin necesidad de acreditar cada una de las acciones materiales realizadas.

El tribunal rechazó los cuestionamientos sobre la determinación de la pena, señalando que los artículos 299, 301 y 303 del Código Penal permiten calcularla según la condena de los internos y la condición de quien facilitó la fuga. Considerando que dos reclusos cumplían presidio perpetuo calificado, aplicó las rebajas legales previstas para particulares que favorecen la evasión sin violencia ni soborno, estableciendo una pena de presidio mayor en su grado medio.

El tribunal absolvió a uno de los acusados de participar en la preparación de la fuga, al no acreditarse que utilizara el teléfono registrado cerca del penal. La sentencia advirtió que el dispositivo estaba inscrito a nombre de una persona que no declaró y que su vinculación con el imputado se basaba parcialmente en una aplicación de identificación de llamadas cuyos datos podían ser modificados. Además, los registros y gráficos de comunicaciones no permitían establecer con claridad la frecuencia de las llamadas ni la identidad del usuario, por lo que persistían dudas razonables sobre su participación.

El tribunal también absolvió al conductor que transportaba a los tres fugitivos al momento de su detención, al no acreditarse que participara en la planificación de la fuga ni que mantuviera contactos previos con ellos. El acusado sostuvo que realizaba traslados informales y que había sido contratado para viajar desde Vallenar a Copiapó por $50.000 por pasajero. Los jueces concluyeron que la Fiscalía no presentó registros visuales ni pruebas suficientes para demostrar que conocía la identidad de sus pasajeros, su condición de prófugos o que colaboraba conscientemente en su evasión.

El tribunal también absolvió a los dos acusados por el delito de receptación del automóvil utilizado para instalar la tirolesa, al no tener por acreditada su responsabilidad penal en ese ilícito.

Finalmente, el Tribunal Oral condenó a los dos internos que cumplían presidio perpetuo calificado a dos meses de incomunicación con personas ajenas al establecimiento penitenciario, período durante el cual deberán permanecer sujetos al régimen más estricto del recinto.

El tribunal condenó al hombre que facilitó la fuga a 10 años y un día de presidio efectivo, junto con inhabilitaciones para ejercer cargos públicos, derechos políticos y profesiones titulares, según los plazos legales. Descartó penas sustitutivas por no cumplir los requisitos de la Ley N°18.216 y ordenó incorporar su huella genética al Registro Nacional de ADN de Condenados, si no estaba inscrita. Asimismo, eximió del pago de costas a los condenados, por encontrarse privados de libertad y representados por la Defensoría Penal Pública, y a la Fiscalía, por haber tenido motivos plausibles para acusar.

Vea sentencia Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso RIT N°220-2026.