Corte de Valdivia mantiene multa de 40 UTM por no incluir bono de producción en cálculo de semana corrida

Para establecer si una obligación laboral se está cumpliendo, razonó, es necesario relacionar los hechos constatados con la normativa aplicable. Esa operación jurídica forma parte de la fiscalización, pues de lo contrario la autoridad administrativa no podría determinar si una conducta constituye o no una infracción.

El tribunal hizo, sin embargo, una distinción entre esa facultad y el ejercicio de funciones jurisdiccionales. Precisó que la Dirección del Trabajo puede efectuar una calificación jurídica para determinar administrativamente si existe una infracción, pero ello no significa que sus conclusiones sean definitivas ni que reemplace a los tribunales de justicia.

La fiscalización busca verificar el cumplimiento de la legislación laboral dentro de las competencias administrativas de la Dirección del Trabajo, mientras que corresponde a los tribunales resolver definitivamente las controversias sometidas a su conocimiento. Las decisiones del organismo fiscalizador pueden, por tanto, ser posteriormente revisadas judicialmente.

La Corte tuvo también presente el artículo 23 del D.F.L. N°2 de 1967, que regula las actuaciones de los funcionarios de la Dirección del Trabajo.

Explicó que la presunción de veracidad que ampara los hechos constatados por los fiscalizadores no convierte sus conclusiones jurídicas en irrevisables, pero tampoco les impide efectuar la calificación necesaria para establecer una eventual infracción.

En el caso concreto, se había constatado que determinados trabajadores recibían un bono de producción establecido en sus contratos, cuyo monto variaba según el cumplimiento de metas individuales, y que la empresa no consideraba ese componente al pagar la semana corrida.

A partir de esos hechos, la Dirección del Trabajo concluyó que se trataba de una remuneración variable que debía incorporarse al cálculo del beneficio. Para la Corte, esta determinación se encontraba dentro de las facultades propias del organismo y no implicaba crear una nueva obligación contractual, sino aplicar las consecuencias establecidas por la legislación laboral a una forma de remuneración que ya existía.

El fallo también abordó el principio de inmediación, que exige especial consideración en materia laboral cuando el juez debe apreciar directamente la prueba rendida en audiencia. La Corte sostuvo que su decisión no desconocía este principio, pues el recurso acogido se fundaba en una infracción de ley y no exigía realizar una nueva valoración de declaraciones testimoniales u otros medios de prueba.

La controversia consistía en determinar jurídicamente el alcance de las facultades fiscalizadoras de la Dirección del Trabajo y la correcta aplicación de los artículos 45 y 505 del Código del Trabajo. Por ello, una vez acogido el recurso, la Corte podía dictar sentencia de reemplazo sobre la base de los hechos ya establecidos, sin sustituir la apreciación directa de la prueba efectuada por el tribunal laboral.

La Corte concluyó que el Juzgado de Letras del Trabajo interpretó erróneamente el artículo 505 al estimar que la Dirección del Trabajo carecía de facultades para calificar jurídicamente los hechos constatados. Ese error tuvo influencia sustancial en la decisión, pues llevó al tribunal a dejar sin efecto la actuación administrativa y la multa.

El fallo reafirmó así que la fiscalización laboral no se agota en determinar que un hecho ocurrió. También comprende establecer si ese hecho queda comprendido en una obligación prevista por la legislación, sin que ello signifique ejercer jurisdicción ni impida el posterior control de los tribunales.

En consecuencia, la Corte de Valdivia acogió el recurso de nulidad de la Dirección del Trabajo, invalidó la sentencia de base y dictó sentencia de reemplazo, en la que rechazó la reclamación judicial de la empresa y mantuvo vigente la multa de 40 UTM, sin costas.

En definitiva, el tribunal determinó que la Dirección del Trabajo estaba facultada para establecer que el bono de producción variable debía considerarse para calcular la semana corrida. Para resolver, también tuvo en cuenta jurisprudencia anterior de la propia Corte de Valdivia y doctrina administrativa contenida en los Ordinarios N°1916 y N°3611, ambos de 2019, relativos a la incidencia de determinados bonos de producción variables en este beneficio laboral.

Vea sentencia Corte de Valdivia Rol Nº345-2026 (Laboral-Cobranza)y de reemplazo.