Corte Suprema confirma anulación de multa a colegio que apartó de clases a alumno denunciado por hechos de connotación sexual

La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que acogió un reclamo de ilegalidad presentado por una corporación educacional contra la Superintendencia de Educación y dejó sin efecto una multa de 51 UTM. La sanción había sido impuesta por apartar temporalmente de las clases presenciales a un estudiante denunciado por hechos de connotación sexual.

El caso se originó tras una denuncia por hechos de connotación sexual entre dos estudiantes de segundo medio. Ante esta situación, el establecimiento activó su protocolo interno y dispuso que el alumno denunciado permaneciera alejado de las clases presenciales mientras se desarrollaba la investigación, con el propósito de proteger a la estudiante denunciante.

Sin embargo, tras una fiscalización, la Superintendencia de Educación consideró que la medida no establecía un plazo claro de duración y que su aplicación vulneraba el principio de proporcionalidad. Por ello, formuló un cargo por vulneración de derechos, al estimar que el establecimiento había aplicado protocolos que no se ajustaban a la normativa educacional vigente.

La sanción fue impuesta mediante una resolución de marzo de 2025 y posteriormente confirmada por la autoridad administrativa, que rechazó la reclamación presentada por la corporación educacional en marzo de 2026.

Frente a esta decisión, la sostenedora recurrió a la justicia y sostuvo que el alejamiento no constituía una suspensión disciplinaria, sino una medida de resguardo destinada a evitar la revictimización de la alumna denunciante mientras se investigaban los hechos.

Explicó que la duración de la medida estaba vinculada al desarrollo de la investigación interna y que, durante ese período, el estudiante continuó recibiendo material pedagógico a través de una plataforma digital, rindió sus evaluaciones en horarios diferenciados y contó con acompañamiento del establecimiento. Además, destacó que el alumno aprobó el año escolar.

La corporación también cuestionó la fundamentación de la sanción y solicitó que fuera dejada sin efecto o, subsidiariamente, reemplazada por una amonestación.

Por su parte, la Superintendencia pidió rechazar el reclamo. Argumentó que la infracción consistía en aplicar una restricción a la asistencia presencial sin establecer un plazo cierto ni criterios objetivos para revisar su continuidad.

Añadió que la entrega de material pedagógico y la posterior aprobación del año escolar no subsanaban la exclusión del estudiante de la vida escolar. Asimismo, sostuvo que la multa correspondía al mínimo legal establecido para las infracciones menos graves.