CS restablece multas a empresa gastronómica por mantener congrio dorado sin acreditar su origen legal y locos en veda

La Corte Suprema invalidó de oficio una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que había dejado sin efecto una multa impuesta a una empresa gastronómica por infringir la normativa pesquera y reducido otra sanción relacionada con la tenencia de recursos marinos en período de veda. El máximo Tribunal concluyó que la resolución carecía de fundamentos suficientes para considerar válido un certificado de origen legal obtenido después de una fiscalización y para justificar la rebaja de la segunda multa. En sentencia de reemplazo, confirmó íntegramente las sanciones de 3 y 6 UTM impuestas en primera instancia.

La controversia se originó tras una fiscalización del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) a un restaurante, en el que se detectó congrio dorado sin documentación que acreditara su origen legal y locos en período de veda. El Vigésimo Séptimo Juzgado Civil de Santiago acogió la denuncia y condenó a la empresa al pago de dos multas, de 3 y 6 UTM.

Sin embargo, la Corte de Santiago revocó parcialmente la sentencia, absolviendo a la empresa de la infracción relacionada con el congrio dorado, reduciendo la multa por tenencia de locos en veda y modificando lo resuelto sobre las costas del juicio. Frente a esta decisión, SERNAPESCA interpuso un recurso de casación en el fondo ante la Corte Suprema, solicitando invalidar el fallo y dictar una sentencia de reemplazo.

Al examinar los antecedentes, la Corte Suprema advirtió deficiencias en la fundamentación de la resolución de segunda instancia y decidió revisar de oficio su validez formal. Recordó que los artículos 775, 768 N°5 y 170 del Código de Procedimiento Civil permiten invalidar sentencias que no expresen adecuadamente los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan sus conclusiones, conforme también a las exigencias del Auto Acordado sobre la forma de las sentencias.

El máximo Tribunal explicó que los jueces deben identificar los hechos controvertidos, valorar las pruebas rendidas y exponer las razones que justifican sus decisiones. Destacó que esta obligación permite prevenir la arbitrariedad, garantizar que las partes comprendan los fundamentos del fallo, facilitar su impugnación y asegurar el control público de la actividad judicial, contribuyendo a la certeza jurídica.

En cuanto a la infracción relacionada con el congrio dorado, la Corte Suprema observó que el tribunal de alzada había considerado suficiente un certificado de acreditación de origen legal obtenido varias horas después de la fiscalización, sin explicar por qué ese documento permitía descartar la responsabilidad de la empresa. Al respecto, recordó que el artículo 65 de la Ley General de Pesca y Acuicultura exige portar la documentación que acredite el origen legal de los recursos hidrobiológicos, por lo que resultaba necesario examinar si la empresa contaba con esos antecedentes al momento de la inspección.