Municipalidad de Pucón deberá enfrentar cobro de factura pese a que su emisor emitió una nota de crédito para anularla. No fue reclamada dentro del plazo legal

La Corte Suprema rechazó un recurso de casación en el fondo interpuesto por la Municipalidad de Pucón en un juicio ejecutivo de cobro de factura iniciado por Tanner Servicios Financieros S.A., estableciendo que una factura aceptada y posteriormente cedida a un tercero puede ser cobrada judicialmente, aunque su emisor haya emitido después una nota de crédito para dejarla sin efecto.

El máximo tribunal concluyó que la factura adquirió el carácter de irrevocablemente aceptada al no ser reclamada dentro del plazo legal. Por ello, determinó que la municipalidad no podía oponer a la empresa cesionaria defensas fundadas en la supuesta falta de prestación del servicio ni invocar una nota de crédito emitida con posterioridad a la aceptación del documento.

La controversia se originó en una demanda ejecutiva presentada por Tanner Servicios Financieros contra la Municipalidad de Pucón, para cobrar una factura adquirida mediante cesión. La entidad edilicia se opuso al pago, alegando que los servicios facturados no habían sido prestados y cuestionando la validez del documento por falsedad del título y falta de requisitos legales para su cobro. Sin embargo, el Juzgado de Letras y Garantía de Pucón rechazó ambas excepciones y ordenó continuar con la ejecución, con costas, decisión que fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Temuco.

Disconforme con lo resuelto, la Municipalidad de Pucón recurrió ante la Corte Suprema, solicitando anular la sentencia y dictar una resolución de reemplazo que acogiera sus defensas y rechazara la demanda ejecutiva, con costas.

En su recurso de casación en el fondo, la municipalidad denunció una infracción del artículo 464 N°7 del Código de Procedimiento Civil, en relación con los artículos 1, 3, 5 y 10 de la Ley N°19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura.

Argumentó que, para que una factura pueda ser cobrada judicialmente, debe representar una operación comercial real. En ese sentido, sostuvo que la efectiva prestación del servicio constituye un requisito indispensable para que el documento tenga mérito ejecutivo, pues la factura debe encontrarse respaldada por la operación que le dio origen.

Según la recurrente, cuando el servicio no ha sido prestado, desaparece la contraprestación que justifica la emisión de la factura y, por consiguiente, no existe una obligación válida que pueda exigirse mediante un juicio ejecutivo.

La municipalidad cuestionó especialmente que los tribunales atribuyeran efectos definitivos a la falta de reclamación de la factura dentro de los ocho días previstos para ello en la plataforma del Servicio de Impuestos Internos.

A su juicio, considerar que el transcurso de ese plazo permite cobrar una factura correspondiente a servicios inexistentes significaría transformar el documento en un título independiente de la operación comercial que supuestamente lo originó, desconociendo la necesidad de una causa que justifique la obligación.

Asimismo, denunció una infracción del artículo 464 N°6 del Código de Procedimiento Civil, en relación con los artículos 1445, 1467 y 1704 del Código Civil.

Sobre este punto, sostuvo que los tribunales habían interpretado de manera excesivamente restrictiva la falsedad del título, al limitarla a alteraciones materiales del documento, como modificaciones de su texto o firma, sin considerar la posibilidad de una falsedad ideológica.

La recurrente explicó que esta última se configuraría cuando una factura contiene información que no corresponde a la realidad, como ocurriría si se emite para cobrar servicios ficticios o que nunca fueron ejecutados.

Por ello, argumentó que una factura emitida por servicios no prestados sería ideológicamente falsa y carecería de una causa válida para generar una obligación, lo que, según su postura, vulneraría el artículo 1467 del Código Civil.