Orden de expulsión de ciudadano dominicano condenado por tráfico de estupefacientes debe ser reevaluada al no haberse ponderado adecuadamente el arraigo familiar.

La Corte Suprema revocó la sentencia dictada por la Corte de Punta Arenas, que rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por un ciudadano dominicano en contra del Servicio Nacional de Migraciones, que dispuso su expulsión del territorio nacional y le impuso una prohibición de ingreso por 20 años.

El reclamante explicó que reside en Chile desde 2017 con permiso de residencia temporal vigente y que tiene una solicitud de residencia definitiva en trámite. Se refirió a su arraigo familiar en el país, ya que vive con su madre, quien posee residencia definitiva, y tiene un hijo chileno de seis años. Además, informó que mantiene una relación de convivencia con su pareja, con quien celebró un Acuerdo de Unión Civil, y trabaja de manera formal en un negocio familiar. Sostuvo que la decisión vulnera su unidad familiar y su derecho a permanecer junto a sus seres queridos.

También cuestionó que la resolución se basa en la supuesta existencia de antecedentes penales, lo que consideró arbitrario y contrario al principio de presunción de inocencia. Afirmó no tener antecedentes penales ni haber cometido actividades delictivas y acusó a la autoridad de vulnerar el debido proceso. Agregó que la medida no solo afecta su libertad personal y ambulatoria, sino que también transgrede normas legales y constitucionales que protegen a la familia y al interés superior del niño.