Suprema mantiene reconocimiento de vínculo laboral de bibliotecaria contratada a honorarios

La Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de unificación de jurisprudencia presentado por la Municipalidad de Padre Las Casas en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco que mantuvo el reconocimiento de una relación laboral respecto de una trabajadora que prestó servicios a honorarios durante más de ocho años. La decisión impugnada había declarado que existió vínculo laboral entre el 1 de julio de 2016 y el 31 de diciembre de 2024, calificó el despido como injustificado y ordenó el pago de las prestaciones correspondientes.

El municipio recurrió ante el máximo tribunal buscando unificar jurisprudencia respecto de dos materias. La primera consistía en determinar el régimen jurídico aplicable a las personas contratadas a honorarios por municipalidades para ejecutar programas comunitarios financiados con cargo al subtítulo 21, ítem 04, asignación 004, y establecer si esas contrataciones podían ser consideradas relaciones laborales regidas por el Código del Trabajo. La segunda cuestión se refería a la procedencia de condenar a una municipalidad al pago de cotizaciones previsionales correspondientes al período durante el cual la persona prestó servicios mediante convenios a honorarios y cuya relación fue posteriormente declarada laboral.

Como fundamento de su recurso, la demandada acompañó sentencias anteriores de la Corte Suprema en las que se había resuelto que determinadas contrataciones municipales a honorarios, pese a presentar algunas características de subordinación y dependencia, se encontraban comprendidas dentro del régimen establecido en el artículo 4 de la Ley N°18.883 y no daban origen a una relación laboral. Otros fallos invocados habían concluido que los servicios prestados correspondían a cometidos específicos vinculados con la profesión de las personas contratadas y, por ello, eran compatibles con la contratación a honorarios.

Sin embargo, la sentencia recurrida había considerado que las circunstancias del caso eran distintas. La Corte de Temuco tuvo presente que la trabajadora recibía sus pagos con cargo al mencionado ítem presupuestario, pero también que no había sido contratada como experta y que durante aproximadamente ocho años realizó funciones propias de una bibliotecaria, con un horario determinado y bajo una jefatura.

El tribunal de alzada descartó que el origen presupuestario de los recursos utilizados para pagar sus honorarios determinara, por sí solo, el carácter transitorio o especial de los servicios. Consideró que, más allá de la denominación utilizada en los contratos y documentos, la forma concreta en que se desarrollaron las funciones demostraba la existencia de una relación laboral, pues concurrían los elementos establecidos en el artículo 7 del Código del Trabajo.

En particular, se estableció que las funciones desarrolladas no correspondían a un cometido específico propio de una contratación a honorarios, debido a su prolongada extensión en el tiempo, su amplitud y su vinculación con tareas permanentes del servicio. La trabajadora cumplía labores de bibliotecaria, tenía una jornada de trabajo y prestaba sus servicios bajo condiciones de subordinación y dependencia. Por ello, la prestación personal de servicios, a cambio de una remuneración mensual previamente determinada, debía ser calificada como una relación laboral.

Respecto de las cotizaciones de seguridad social generadas durante ese período, la Corte de Temuco también rechazó los argumentos de la municipalidad y concluyó que correspondía mantener la obligación de enterarlas, al estimar que la posición de la recurrente se apartaba de la jurisprudencia existente y de las normas aplicables a la relación laboral reconocida judicialmente.