Ley de Transparencia.
Opiniones vertidas por funcionarios públicos en correos electrónicos institucionales no son públicas, resuelve la Corte de Rancagua.
Los datos que se pretendía obtener no dicen relación con el correcto desempeño de la función pública, por lo que no se advierte un interés público prevalente en el acceso a la dicha información.
La Corte de Rancagua rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por un particular en contra del Consejo para la Transparencia (CPLT), que desestimó una solicitud de amparo en virtud de la cual solicitó información relativa a las comunicaciones de 16 funcionarios del Servicio de Salud O’Higgins sobre un proceso laboral, contenida en correos electrónicos de la casilla institucional.
El reclamante solicitó copia de todos los correos electrónicos enviados entre abril de 2020 y diciembre de 2021, relativos a las comunicaciones intercambiadas por 16 funcionarios del Servicio de Salud O’Higgins partícipes en una causa laboral sobre tutela de derechos fundamentales que inició. Indica que tras la negativa del Servicio de Salud solicitó amparo de acceso a la información pública ante el CPLT, que tampoco hizo lugar a lo requerido.
En contra de esa última decisión, interpuso el reclamo de ilegalidad fundado en que la decisión de amparo adoptada por el CPLT, además de contravenir la ley, sería improcedente y atentatoria del derecho a la fiscalización ciudadana.
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Comentarios (1)
GUILLERMO RIOS RAPIMAN La realidad indica, que si bien es cierto, la denegación de los correos institucionales, protegen la privacidad y en segundo lugar la ley establece que serán los tribunales, quienes pueden solicitar los correos, dependiendo de cada caso en particular. Lo normal sería que los correos institucionales, que son asignados a los funcionarios de la administración, y que son cubiertos por el estado, deberían ser públicos, en especial los que se relacionan con el servicio, para el cual es su objetivo. Diferente de los correos particulares, que se usan en paralelo a las funciones profesionales.
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