Cuestionan ante el Tribunal Constitucional normas que impiden apelar tasación de inmueble embargado para su remate

En su presentación, argumentó que la aplicación conjunta de las reglas de preclusión e inapelabilidad, en las circunstancias concretas del juicio, producirá efectos contrarios a la Constitución, al impedir tanto la discusión efectiva del valor del inmueble como la revisión de esa decisión por un tribunal superior.

El requirente sostuvo que estas restricciones vulneran las garantías de igualdad ante la ley, debido proceso, derecho de propiedad y protección de la esencia de los derechos fundamentales.

En relación con el debido proceso y el derecho a defensa, argumentó que extender los efectos de la preclusión a tasaciones o actualizaciones posteriores vacía de contenido la facultad legal de objetar el valor asignado a un bien embargado. A su juicio, el derecho a formular observaciones pierde eficacia si se impide examinar antecedentes comerciales nuevos, especialmente cuando estos podrían demostrar una diferencia considerable entre el avalúo fiscal utilizado para fijar el mínimo de la subasta y el valor comercial de la propiedad.

Asimismo, cuestionó que la resolución que rechaza la posibilidad de revisar la tasación no pueda ser examinada por un tribunal superior, debido a la regla de inapelabilidad contemplada en el Código de Procedimiento Civil.

Según planteó, la combinación de ambas disposiciones convierte la facultad de objetar la tasación en una posibilidad meramente formal, sin ofrecer una vía efectiva para discutir una decisión que puede tener consecuencias patrimoniales significativas.

Respecto del derecho de propiedad, el requirente cuestiona que utilizar como mínimo de la subasta un monto considerablemente inferior al valor comercial estimado ocasiona un perjuicio económico al ejecutado.

En particular, sostuvo que la realización forzada del inmueble sobre esa base podría afectar el resultado de la subasta, aumentar el saldo insoluto de la deuda o reducir e incluso eliminar el remanente que eventualmente correspondería al propietario una vez satisfechas las obligaciones reclamadas.

De esta manera, el requirente afirma que la aplicación de las normas cuestionadas podría incidir directamente en su patrimonio, al impedir una revisión efectiva del valor utilizado como referencia para la venta judicial del bien.

En cuanto a la igualdad ante la ley, cuestionó que se excluya la revisión por un tribunal superior de una resolución que determina el precio mínimo para la realización forzada de un inmueble.

La presentación también invoca el artículo 19 N°26 de la Carta Fundamental, que protege la esencia de los derechos constitucionales frente a las limitaciones impuestas por la ley. Sobre este punto, argumentó que las restricciones procesales aplicadas en el juicio impedirán el ejercicio efectivo de sus garantías fundamentales en una etapa decisiva del procedimiento ejecutivo, particularmente cuando se encuentra próxima la subasta del inmueble embargado.

El requerimiento sostiene, en definitiva, que la aplicación conjunta de las disposiciones impugnadas impediría al ejecutado controvertir de manera eficaz una tasación que considera alejada del valor comercial de su propiedad, sin contar además con la posibilidad de obtener una revisión judicial superior.

De esta forma, el requerimiento busca impedir que las disposiciones cuestionadas produzcan, en el juicio ejecutivo pendiente, los efectos que el solicitante considera contrarios a sus derechos fundamentales.

Le corresponde ahora al Tribunal Constitucional resolver si admite a trámite la acción si la requirente cumple con la certificación actualizada de la gestión judicial que invoca y constituya el patrocinio y poder en forma.

Vea textorequerimientoTribunal Constitucional Rol Nº18.112-26-INA y expediente.