Cerro Navia busca frenar cobro laboral tras casi cuatro años de inactividad: trabajador pide al TC rechazar impugnación

La Primera Sala del Tribunal Constitucional acogió a tramitación el requerimiento, accedió a la solicitud de suspensión del procedimiento laboral y confirió traslado a las partes por diez días para que formularan observaciones sobre su admisibilidad.

Al evacuar el traslado, la parte ejecutante solicitó declarar inadmisible la acción constitucional y defendió la procedencia del cobro contra la municipalidad.

Al respecto, invocó la Ley N°21.040, que creó el Sistema de Educación Pública, y el artículo 75 de la Ley N°21.724, de 2025. Explicó que los Servicios Locales de Educación Pública suceden legalmente a las municipalidades y corporaciones municipales exclusivamente en su calidad de sostenedores de los establecimientos traspasados, mientras que las obligaciones originadas por hechos o incumplimientos anteriores permanecen radicadas en el patrimonio de las respectivas entidades hasta su total extinción.

Añadió que dichas deudas no pueden hacerse efectivas mediante el embargo de bienes o subvenciones de los Servicios Locales. Sobre esta base, solicitó continuar la ejecución contra la Municipalidad de Cerro Navia, considerando la disolución de CORMUCENA, petición que fue acogida por el tribunal, que dispuso su notificación y requerimiento de pago conforme al artículo 437 del Código del Trabajo.

Respecto de la admisibilidad, alega la inexistencia de una gestión judicial pendiente o el término de esta mediante sentencia ejecutoriada.

Para fundamentar su posición, cita un certificado del tribunal de cobranza, acompañado por la propia municipalidad, que acredita que el incidente fue rechazado y que se confirió traslado respecto del recurso de reposición interpuesto por el municipio.

Aunque reconoció la existencia de esta última actuación, sostuvo que la cuestión relativa al abandono ya había sido resuelta y que, por lo tanto, no existiría una gestión judicial pendiente que justificara el requerimiento constitucional.

El ejecutante defendió igualmente la actuación del juzgado al rechazar de plano el incidente. Explicó que los artículos 84, 88 y 89 del Código de Procedimiento Civil permiten resolver inmediatamente estas cuestiones accesorias cuando resultan inconexas, extemporáneas, incumplen requisitos legales o existen antecedentes suficientes para decidirlas. En los casos que requieren tramitación, corresponde conferir traslado por tres días y, si existen hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, recibir el incidente a prueba.

A su juicio, el tribunal aplicó correctamente el artículo 429 del Código del Trabajo, que impone a los jueces laborales el deber de actuar de oficio, decretar las pruebas necesarias y evitar la paralización o prolongación indebida de los procesos. Sostuvo que esta regulación debe prevalecer sobre las disposiciones civiles invocadas por la municipalidad, en concordancia con los principios de celeridad y actuación de oficio recogidos en los artículos 425, 428 y 430 del mismo cuerpo legal.

La parte ejecutante sostuvo, además, que la municipalidad no presentó excepciones dentro del plazo legal de cinco días, sin justificar su omisión por fuerza mayor u otras circunstancias ajenas a su responsabilidad. Añadió que la cobranza laboral busca obtener el cumplimiento de obligaciones previamente determinadas, por lo que no corresponde formular nuevas defensas, modificar los cálculos de la deuda ni reabrir materias que considera resueltas, conforme al principio de cosa juzgada.

Asimismo, recordó que el artículo 465 del Código del Trabajo permite aplicar supletoriamente normas procesales civiles solo cuando no contradigan los principios laborales y calificó las actuaciones del municipio como dilatorias y contrarias a la celeridad procesal, por lo que solicitó declarar inadmisible el requerimiento y rechazar sus pretensiones.

La Primera Sala del Tribunal deberá pronunciarse ahora sobre la admisibilidad del requerimiento del municipio de Cerro Navia, que alega una vulneración de su derecho a defensa, mientras el ejecutante sostiene que la controversia ya fue resuelta y no existe una gestión judicial pendiente. La suspensión del juicio laboral no implica un pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

Vea texto requerimiento Tribunal Constitucional Rol N°18.100-26-INA y expediente.