Requerimiento de inaplicabilidad.
Norma que exige consignar la suma total que la sentencia ordena pagar para dar curso al recurso de apelación en el procedimiento de cobranza de cotizaciones previsionales, se impugna ante el Tribunal Constitucional.
El requirente alega que la norma legal objetada infringe la tutela judicial efectiva, el derecho a un procedimiento racional y justo y el principio de seguridad jurídica, desde que se le impone una condición económica que obstaculiza su ejercicio, puesto que no cuenta en su patrimonio con la disponibilidad financiera inmediata como para desembolsar en un plazo breve sumas tan elevadas.
Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, artículo 8, inciso primero, segunda parte, de la Ley N°17.322, que establece normas para la cobranza judicial de cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de Seguridad Social, respecto de una frase en concreto.
El precepto legal impugnado señala:
“Artículo 8.- En el procedimiento a que se refiere esta ley, el recurso de apelación sólo procederá en contra de la sentencia definitiva de primera instancia, de la resolución que declare negligencia en el cobro señalado en el artículo 4º bis, y de la resolución que se pronuncie sobre la medida cautelar del artículo 25 bis. Si el apelante es el ejecutado o la institución de previsión o de seguridad social, deberá previamente consignar la suma total que dicha sentencia ordene pagar, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo anterior.” (Art. 8º, inciso primero, Ley N° N°17.322).
Temas
Te puede interesar
Inaplicabilidades rechazadas con votos en contra.
Norma que impone al apelante ejecutado en cobranza laboral la obligación de consignar la suma total de lo adeudado, no produce resultados contrarios a la Constitución.
Invalidación de oficio.
Abonos consignados en el tribunal deben ser considerados como excepción de pago en juicio ejecutivo, resuelve la Corte Suprema.
Requerimiento de inaplicabilidad rechazado con un voto en contra.
Norma que sanciona la corta de bosque no autorizada por CONAF con multa incrementada en un 200% si los productos fueron retirados total o parcialmente del predio, no produce resultados contrarios a la Constitución.
