Juicio Ejecutivo.
Normas que permiten al tribunal dictar sentencia en juicios ejecutivos, pese a que el ejecutado haya hecho reserva de su derecho a probar sus alegaciones en juicio ordinario, se impugnan en sede de inaplicabilidad.
La requirente alega que no puede evitar se dicte una sentencia carente de motivación que lo perjudica, afectando sus garantías constitucionales.
Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, la frase “el tribunal dictará sentencia de pago o remate”, contenida en el artículo 473, y del artículo 474, del Código de Procedimiento Civil.
Los preceptos legales citados establecen:
“Si, deduciendo el ejecutado oposición legal expone en el mismo acto que no tiene medios de justificarla en el término de prueba, y pide que se le reserve su derecho para el juicio ordinario y que no se haga pago al acreedor sin que caucione previamente las resultas de este juicio, el tribunal dictará sentencia de pago o remate y accederá a la reserva y caución pedidas”. (Art. 473)
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