Dictamen.
CGR emite pronunciamiento sobre financiamiento de indemnizaciones laborales de trabajadores de organismos colaboradores del SENAME, desvinculados por la causal de necesidades de la empresa.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el SENAME deberán ajustar sus actuaciones a las consideraciones expuestas.

La Directora Nacional (s) del Servicio Nacional de Menores (SENAME), solicitó pronunciamiento a la Contraloría General de la República acerca de la pertinencia de financiar con cargo a la subvención transferida a los organismos colaboradores acreditados (OCA), la indemnización establecida en el artículo 161 del Código del Trabajo, en aquellos casos en que luego del término de un determinado proyecto, un trabajador es reubicado o recontratado en otro proyecto diverso o de continuidad del cual fue desvinculado. A su vez, consultó si es procedente autorizar a los OCA, durante la ejecución de un proyecto, a disponer el pago de la aludida indemnización, no obstante que, a la vez en el mismo cupo o función, deban contratar a otra persona debido a la necesidad de cumplir con las orientaciones técnicas del proyecto adjudicado.
En presentaciones separadas, la Fundación Ciudad del Niño, la Corporación de Apoyo a la Niñez y Juventud en Riesgo Social Llequén, la Corporación para la Atención Integral del Maltrato al Menor (CATIM) y la Asociación Gremial de Instituciones de Infancia y Adolescencia (AINFA A.G.), requirieron un pronunciamiento respecto de la legalidad de las Resoluciones Exentas N°673 y N°1.939 de 2020 del SENAME.
Expusieron que, finalizada la ejecución de los proyectos adjudicados, los OCA deben dar término a los contratos de trabajo del personal y pagar las respectivas indemnizaciones, lo que ha sido objetado por el SENAME, fundado en que no corresponde financiar estos gastos con cargo a la subvención, por lo que ese servicio ha solicitado el reintegro de recursos en los casos que indican. En tal sentido, agregan que lo instruido a través de las citadas resoluciones restringe la libertad de los organismos colaboradores para recontratar trabajadores que han sido desvinculados de otros proyectos, lo que sería contrario al ordenamiento jurídico.
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