Diario Constitucional

Artículo 21, N°1, letra a) y b), de la Ley de Transparencia.

Ministerio de Bienes Nacionales debe entregar información específica sobre ocupaciones irregulares de terrenos fiscales, decidió el CPLT.

Si bien informó datos y medidas respecto a los asentamientos ilegales en predios fiscales, no entregó los antecedentes solicitados por el requirente, al considerar que su publicidad puede entorpecer el funcionamiento de su cartera y perjudicar las acciones legales/administrativas.

Por Redacción·16 de marzo de 2023·6 min de lectura
imagen: Soy Chile
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El Consejo para la Transparencia (CPLT) acogió el amparo de acceso a la información pública interpuesto en contra del Ministerio de Bienes Nacionales, y le ordenó entregar antecedentes relativos a las tomas irregulares e ilegales de terrenos fiscales que existen en el país, la cantidad de hectáreas fiscales ocupadas y los procedimientos adoptados para la recuperación de dichos predios (con especificación regional), dentro del intervalo de tiempo que media entre el 2019/2022.

El Ministerio de Bienes Nacionales negó la entrega de esa información, al considerar que se configura la causal de reserva prevista en el artículo 21, N°1, letra b), de la Ley 20.285, ya que se podrían afectar medidas que se encuentran actualmente en debate. Además, señala que la ocupación de terrenos es un fenómeno que se ha complejizado en el tiempo por la proliferación de loteos irregulares, asentamientos que se encuentran mayoritariamente en zonas rurales, provocando la creación de núcleos urbanos al margen de la normativa urbanística y reñidos con la planificación territorial. Aclara también que las dificultades no se reducen a la ocupación en sí, dado que es necesario analizar territorialmente cada caso, además, de revisar de forma detallada, las causas que originaron cada toma de terreno y la situación administrativa/jurídica de desalojo.

En mérito de tal exposición, el Ministerio de Bienes Nacionales advierte que la publicidad de las referidas actuaciones que aún se encuentran en fase de ejecución, podría afectar a las acciones tendientes a recuperar los inmuebles fiscales, es decir, a las demandas del Consejo de Defensa del Estado y solicitudes de desalojos administrativo de otros Servicios como las investigaciones y eventuales querellas penales del Ministerio Público.

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