Recurso de protección rechazado en alzada.
Designación de estudio jurídico externo para estudiar denuncias contra un trabajador no vulnera el debido proceso ni implica la creación de una comisión especial, resuelve la Corte Suprema.
Resolvió que no existe arbitrariedad en el actuar de la empresa que, tras recibir denuncias de sus trabajadores, inició diligencias investigativas bajo la supervisión de la Comisión Código de Conducta, órgano que se encontraría facultado para recopilar antecedentes y entrevistar a funcionarios según el Reglamento Interno.
La Corte Suprema revocó la sentencia dictada por la Corte de Valparaíso, que acogió el recurso de protección interpuesto por un trabajador en contra de una empresa portuaria que designó un estudio jurídico externo para investigarlo por denuncias de compañeros de trabajo.
El actor denunció la vulneración de su derecho a un debido proceso, al haberse designado un estudio jurídico externo para investigar las denuncias en su contra formuladas por compañeros de trabajo. Alegó que dicha decisión, en la práctica, constituye la creación de una comisión especial de investigación, establecida al margen del procedimiento interno previsto en el reglamento interno de la empresa para el juzgamiento de las conductas denunciadas.
La empresa recurrida instó por el rechazo del recurso, señalando que, tras recibir varias denuncias de trabajadores en contra del recurrente por infracciones al Código de Conducta, el Comité de Auditoría del Directorio resolvió contratar a un estudio jurídico externo para llevar a cabo la investigación. Justificó esta decisión debido a que el recurrente mantiene litigios pendientes relacionados con materias ya conocidas por el Comité de Conducta, por lo que se designaron abogados externos para realizar las diligencias investigativas, cuyo resultado será resuelto por el órgano competente.
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