Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Grecia debe indemnizar a propietarios por la imposición arbitraria de restricciones al uso de sus tierras, resuelve el TEDH.
Las sentencias no se habían ejecutado, como consecuencia de cambios por parte de las diversas autoridades involucradas, y el uso del terreno en cuestión había seguido restringido desde 2003, una situación que seguía vigente. Esta situación revelaba la falta de un recurso efectivo para obligar a las autoridades a cumplir las decisiones judiciales relativas a la propiedad de los demandantes.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) acogió la demanda interpuesta contra Grecia por las restricciones arbitrarias al uso de la tierra impuestas a los demandantes, en virtud de unas modificaciones normativas al plan de desarrollo urbano establecido por las autoridades. Constató una violación de los artículos 6.1 (derecho a un juicio justo en un plazo razonable) y 13 (derecho a un recurso efectivo) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en conjunción con el artículo 1 del Protocolo núm. 1 (protección de la propiedad).
Los demandantes son propietarios de dos parcelas que en 2003 fueron reclasificados como zona verde por las autoridades locales. Esta medida impedía su uso como terreno edificable, lo que llevó a los propietarios a impugnar la decisión ante el Tribunal Supremo Administrativo. En 2015, el tribunal anuló la reclasificación debido a errores en las formalidades de publicación, pero las autoridades locales no implementaron la decisión judicial ni emitieron los certificados necesarios.
A pesar de varios fallos judiciales a su favor, incluyendo decisiones en 2018 que instaban a las autoridades a cumplir con la sentencia, los demandantes no obtuvieron el reconocimiento de sus derechos. Además, no recibieron ninguna compensación económica por las restricciones impuestas al uso de sus tierras. Las autoridades locales justificaron su proceder en una demora por la complejidad del caso y la intervención de otras entidades, por lo que demandaron al Estado ante el TEDH, acusando la falta de un recurso efectivo para obtener una retribución.
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