Corte de Santiago deja sin efecto multa laboral fundada en una cláusula tácita de transporte

Para resolver, el tribunal tuvo presente un criterio establecido por la Corte Suprema (Rol N°9551-2009), conforme al cual las facultades fiscalizadoras deben ejercerse frente a ilegalidades claras, precisas y determinadas. Según ese criterio, deducir la existencia de derechos contractuales a partir de los antecedentes examinados puede significar que la autoridad administrativa asuma una función de juzgamiento reservada a los tribunales de justicia.

Aplicando ese razonamiento, la Corte observó que la fiscalizadora tuvo que reconstruir la conducta de las partes para concluir que existía una cláusula tácita, pese a que los contratos no contemplaban una estipulación sobre el traslado. Además, debía determinar el significado que tenía la continuidad del beneficio después del término de la alerta sanitaria, ocurrido el 31 de agosto de 2023.

En particular, era necesario establecer si la continuidad del traslado implicaba una modificación de los contratos, incorporando el beneficio de manera permanente, o si correspondía a un período de transición destinado a retomar el régimen de transporte existente antes de la pandemia. A juicio de la Corte, resolver esa cuestión excedía la mera constatación de una infracción laboral.

El tribunal distinguió entre calificar jurídicamente un hecho no controvertido conforme a una categoría legal preexistente y determinar la existencia de un derecho u obligación contractual no escrito a partir de antecedentes relativos a la voluntad de las partes. Mientras la primera actividad forma parte de las facultades de fiscalización, la segunda corresponde a la interpretación y aplicación de los contratos, materia reservada a los juzgados laborales.

Asimismo, la Corte señaló que la potestad interpretativa contemplada en el artículo 1° letra b) del DFL N°2 de 1967 se refiere al sentido y alcance de las leyes del trabajo. Por ello, estimó que dicha disposición, en conjunto con los artículos 503 y 505 del Código del Trabajo, no otorgaba a la Inspección del Trabajo facultades para determinar la existencia de la cláusula contractual que sirvió de fundamento a la multa.

En consecuencia, la Corte concluyó que el juzgado laboral incurrió en error de derecho al validar una actuación administrativa que excedió las atribuciones legales de la Inspección del Trabajo e invadió una materia entregada a los tribunales. Consideró que ello transgredió los artículos 6 y 7 de la Constitución y vulneró la garantía del artículo 19 N°3, inciso quinto. El error tuvo influencia sustancial en lo resuelto, pues permitió mantener una sanción que debía quedar íntegramente sin efecto.

Por estas consideraciones, la Corte de Santiago acogió el recurso de nulidad, anuló la sentencia impugnada y dictó, sin nueva vista de la causa, la correspondiente sentencia de reemplazo, mediante la cual acogió el reclamo judicial de la empresa y dejó íntegramente sin efecto la resolución de multa. Además, dispuso que cada parte pagara sus propias costas.

Vea sentencia Corte de Santiago Rol N°1856-2025 (Laboral-Cobranza) y dereemplazo.