Arresto no procede para exigir a empresa principal el pago de indemnizaciones y prestaciones laborales, resuelve Corte de Temuco

La Corte de Apelaciones de Temuco acogió un recurso de amparo interpuesto en favor del representante legal de una empresa y dejó sin efecto la resolución que había ordenado su arresto como medida de apremio para obtener el pago de prestaciones laborales. El tribunal concluyó que el arresto no estaba legalmente contemplado para las obligaciones que se pretendían cobrar y que, por afectar la libertad personal, una medida de esta naturaleza no puede extenderse por analogía.

El caso se originó en un juicio ejecutivo de cobranza laboral seguido ante el Juzgado de Letras de Villarrica, destinado a obtener el cumplimiento de una sentencia que había condenado a una empresa contratista y, solidariamente, a la empresa principal. La condena comprendía indemnizaciones, remuneraciones adeudadas y remuneraciones devengadas con ocasión de la nulidad del despido en favor de ocho trabajadores.

Ante la falta de pago de las sumas determinadas en la liquidación, el tribunal decretó el arresto por tres días del representante legal de la empresa principal y ordenó comunicar la medida a la Policía de Investigaciones para su cumplimiento.

La defensa recurrió de amparo y sostuvo que la resolución afectaba ilegalmente la libertad personal del representante de la empresa. Explicó que el artículo 12 de la Ley N°17.322, utilizado como fundamento para decretar el arresto, establece un mecanismo de apremio destinado específicamente al cobro de cotizaciones previsionales. En este caso, sin embargo, la deuda correspondía a indemnizaciones, remuneraciones y otras prestaciones laborales, y no a cotizaciones previsionales.

Añadió que la empresa había sido condenada en calidad de empresa principal y no como empleadora directa de los trabajadores. Por ello, sostuvo que la responsabilidad solidaria que debía asumir conforme al régimen de subcontratación no permitía extender a su representante legal un mecanismo de arresto previsto por la ley para un supuesto diferente.

La controversia que debió resolver la Corte consistió, entonces, en determinar si era legal ordenar el arresto del representante de una empresa principal, sobre la base del artículo 12 de la Ley N°17.322, para obtener el pago de indemnizaciones y otras prestaciones laborales establecidas en una sentencia, considerando además que la empresa no tenía la calidad de empleadora directa.

Para resolver, el tribunal analizó las normas que regulan el cumplimiento de las obligaciones laborales. Recordó que los artículos 463 y siguientes del Código del Trabajo regulan la ejecución de los títulos laborales y que el artículo 464 reconoce, entre ellos, las sentencias ejecutoriadas. A su vez, el artículo 465 dispone que su cumplimiento se rige por las normas del Código del Trabajo y, cuando no exista una regulación expresa, por las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, siempre que su aplicación no vulnere los principios del procedimiento laboral.