Pago incompleto de remuneraciones y cotizaciones constituye incumplimiento grave del empleador y justifica el despido indirecto

En subsidio, denunció una infracción de ley conforme al artículo 477 del Código del Trabajo, en relación con los artículos 171 y 172 del mismo cuerpo legal. Sostuvo que los incumplimientos acreditados obligaban a declarar procedente el despido indirecto, conceder las indemnizaciones respectivas y aplicar la nulidad del despido, sin que la situación económica de la empresa pudiera trasladarse al trabajador.

La defensa del trabajador cuestionó además la remuneración utilizada como base para calcular las prestaciones. Sostuvo que debía considerarse un sueldo base de $5.320.000, bonos de colación y movilización de $250.000 cada uno y una gratificación de $183.083, alcanzando una base de al menos $6.002.083, en lugar de los $5.502.083 considerados por el tribunal del trabajo.

Como tercera causal subsidiaria, invocó el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, denunciando una infracción manifiesta de las reglas de la sana crítica. Argumentó que resultaba contradictorio que el juzgado tuviera por acreditados los incumplimientos laborales y previsionales y, al mismo tiempo, concluyera que no eran suficientemente graves para justificar el autodespido.

La Corte de Santiago acogió el recurso. Respecto de la causal principal, explicó que el artículo 478 letra c) permite controlar si el derecho fue correctamente aplicado a los hechos establecidos por el tribunal de instancia, sin efectuar una nueva valoración de la prueba ni modificar las conclusiones fácticas. Por ello, la cuestión consistía en determinar si los hechos ya acreditados configuraban jurídicamente un incumplimiento grave de las obligaciones del empleador.

La Corte tuvo presente que al momento del autodespido no estaban pagadas las cotizaciones correspondientes a enero y febrero de 2024, las que posteriormente fueron enteradas, salvo las relativas al seguro de cesantía de enero y marzo. También estaba establecido que las cotizaciones se calcularon sobre una base imponible inferior a la pactada, manteniéndose una diferencia pendiente, y que durante un período el trabajador recibió una remuneración inferior a la que le correspondía, lo que llevó al propio tribunal del trabajo a ordenar el pago de $1.592.834 por diferencias salariales.

Sobre esa base, la Corte sostuvo que, conforme a la jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema, el no pago íntegro de remuneraciones y cotizaciones de seguridad social constituye un incumplimiento grave de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, aunque se refiera solamente a algunos meses de la relación laboral.

El fallo destacó que la remuneración constituye la contraprestación esencial por los servicios prestados y está directamente vinculada con la relación de subordinación y dependencia, razón por la que recibe una protección especial de la legislación laboral. En cuanto a las cotizaciones previsionales, señaló que su importancia no solo deriva de constituir una obligación legal del empleador, sino también de que se financian con recursos del propio trabajador y permiten materializar derechos vinculados con la seguridad social, algunos de rango constitucional.

Por ello, la Corte concluyó que el Juzgado de Letras de Colina calificó jurídicamente de manera equivocada los hechos que él mismo había tenido por acreditados. Estos configuraban el incumplimiento grave de las obligaciones contractuales previsto en el artículo 160 N°7 del Código del Trabajo, causal que el trabajador puede invocar para poner término al contrato mediante despido indirecto conforme al artículo 171, con derecho a las indemnizaciones y recargos legales correspondientes.

La Corte también acogió la causal subsidiaria fundada en el artículo 477 del Código del Trabajo por infracción de sus artículos 171 y 172, al estimar que se sustentaba esencialmente en la misma errada calificación jurídica y en la consecuente falta de aplicación de las normas correspondientes a los hechos establecidos.

Distinta fue la decisión respecto de la causal basada en una supuesta vulneración de las reglas de la sana crítica. La Corte la rechazó porque el recurrente se limitó a sostener que el tribunal debió alcanzar una conclusión diferente a partir de la prueba rendida, sin explicar concretamente de qué forma se habría vulnerado el principio de no contradicción.

El fallo recordó que esta causal exige demostrar una infracción manifiesta de las normas de valoración de la prueba, ya sea por vulneración de los principios de la lógica, las máximas de la experiencia o los conocimientos científicamente afianzados. No permite, en cambio, expresar simplemente una discrepancia con la ponderación realizada por el juez, pues esa labor corresponde al tribunal de instancia y no puede ser revisada mediante esta causal de nulidad.

En consecuencia, la Corte acogió el recurso por la causal del artículo 478 letra c) y por la primera causal subsidiaria del artículo 477 del Código del Trabajo, y anuló la sentencia en cuanto había rechazado las demandas de despido indirecto y nulidad del despido. La causal relativa a la vulneración de las reglas de la sana crítica fue desestimada.

En la sentencia de reemplazo, la Corte estableció que la empleadora no pagó íntegra y oportunamente las remuneraciones y cotizaciones de seguridad social del trabajador, incumplimiento que calificó como grave. Por ello, declaró configurada la causal del artículo 160 N°7 del Código del Trabajo y acogió la demanda de despido indirecto, manteniendo las demás decisiones de la sentencia de primera instancia.

Asimismo, tuvo especialmente en consideración que al momento del autodespido no se encontraban íntegramente pagadas las cotizaciones de AFP, por lo que también acogió la demanda de nulidad del despido y condenó a la empleadora a pagar las remuneraciones que se devenguen desde la fecha del autodespido hasta su convalidación.

La sentencia de reemplazo ordenó además pagar las indemnizaciones previstas en el artículo 171 del Código del Trabajo, correspondientes a la indemnización sustitutiva del aviso previo, con un recargo del 50%, y la indemnización por años de servicio. Las prestaciones deberán calcularse sobre la remuneración fijada en la sentencia de primera instancia.

De este modo, la Corte de Santiago modificó la conclusión del tribunal de Colina, que había estimado que los incumplimientos laborales y previsionales no tenían gravedad suficiente y que la relación laboral había terminado por renuncia. Para el tribunal de alzada, los mismos hechos acreditados demostraban un incumplimiento grave de las obligaciones del empleador, que justificaba el despido indirecto y hacía procedentes tanto las indemnizaciones legales como la nulidad del despido.

Vea sentencia Corte de Santiago Rol Nº2458-2025 (Laboral-Cobranza)y de reemplazo.