Empresa deberá pagar multa de 40 UTM por errores en registros de asistencia que atribuyó a sus trabajadores

El tribunal tuvo por acreditadas las enmendaduras y omisiones en los registros de asistencia de ambos trabajadores, respaldadas por la documentación de la empresa y los informes de fiscalización. Asimismo, constató que la empresa contaba con 190 trabajadores, por lo que calificaba como mediana empresa. También verificó sus antecedentes de incumplimiento: dos multas en cinco fiscalizaciones durante los seis meses anteriores, una sanción en dos fiscalizaciones entre seis y doce meses, y once multas en 52 fiscalizaciones correspondientes a un período superior a dieciocho meses.

En cuanto al marco jurídico, el tribunal recordó que el artículo 503 del Código del Trabajo permite reclamar judicialmente contra las multas administrativas y que los artículos 2 y 505, junto con el DFL N°2 de 1967, facultan a la Dirección del Trabajo para fiscalizar la legislación laboral, otorgando presunción legal a los hechos constatados por sus inspectores. Asimismo, señaló que los artículos 505 bis y 506 clasifican a las empresas según su número de trabajadores y establecen multas de 1 a 10 UTM para micro y pequeñas empresas, de 2 a 40 UTM para medianas y de 3 a 60 UTM para grandes empresas. Añadió que el artículo 506 quáter exige considerar la gravedad de la infracción, la afectación de derechos laborales, los trabajadores involucrados y la conducta del empleador. Finalmente, destacó que los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880 obligan a fundamentar debidamente las sanciones administrativas.

El tribunal concluyó que la empresa no acreditó el cumplimiento de sus obligaciones ni desvirtuó las irregularidades constatadas, señalando que disponer de un libro de asistencia no basta cuando presenta errores, enmendaduras u omisiones. Asimismo, descartó que el reglamento interno demostrara la existencia de medidas efectivas de supervisión. Sobre la base de los artículos 3 y 5 del Código del Trabajo y la jurisprudencia administrativa de la Dirección del Trabajo, destacó que corresponde al empleador organizar, dirigir y fiscalizar las actividades laborales, incluyendo los horarios y mecanismos de control de asistencia.

El tribunal sostuvo que la responsabilidad de mantener correctamente los registros de asistencia corresponde al empleador y no puede trasladarse a los trabajadores. Destacó que las reiteradas enmendaduras y omisiones evidenciaban una falta de diligencia en la supervisión. Asimismo, descartó que la buena fe eximiera de responsabilidad, pues la infracción no exigía acreditar dolo o culpa. Finalmente, concluyó que la empresa no demostró errores de hecho en la multa, sino que reconoció las irregularidades e intentó atribuirlas a sus dependientes, argumento que fue rechazado.

El tribunal rechazó la rebaja de la multa, considerando que la fiscalización se originó en una denuncia laboral, lo que permitía inferir perjuicios para los trabajadores. También tuvo en cuenta las sanciones anteriores, el tamaño de la empresa y la falta de medidas correctivas. Concluyó que la multa de 40 UTM estaba debidamente fundamentada y era proporcional, conforme a los artículos 505 bis, 506 y 506 quáter del Código del Trabajo. En consecuencia, rechazó íntegramente la reclamación de la empresa, mantuvo la sanción y condenó a la empresa al pago de $300.000 por costas judiciales.

Vea sentencia Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago Rol Nº1.114-2025.