Tribunal anula multa de $8,8 millones a condominio por impedir ingreso de inspector del Trabajo que buscaba fiscalizar a otra empresa

El Segundo Juzgado de Letras de Buin acogió una reclamación judicial presentada por el empleador contra la Inspección Comunal del Trabajo de Buin y dejó sin efecto una multa de $8.798.207, aplicada por un supuesto impedimento de fiscalización laboral. El tribunal concluyó que no existían antecedentes suficientes para acreditar que la administración del condominio hubiera obstaculizado injustificadamente la labor de un inspector.

La controversia comenzó cuando un fiscalizador de la Dirección del Trabajo acudió a una parcelación en Paine, para inspeccionar a una inmobiliaria denunciada anónimamente por posibles infracciones a las normas sobre descansos laborales.

El funcionario solicitó ingresar a la parcela N°18, pero el personal de portería le informó que debía contactar al administrador, quien se encontraba en horario de colación y regresaría alrededor de las 15:00 horas. Pese a las gestiones realizadas para ubicarlo, el inspector no obtuvo autorización inmediata, por lo que dio por terminada la diligencia e inició un procedimiento sancionatorio contra la parcelación por supuesto impedimento de fiscalización.

La Inspección del Trabajo de Buin multó a la parcelación con $8.798.207 por considerar que había obstaculizado injustificadamente una fiscalización laboral, infringiendo los artículos 24 y 25 del DFL N°2, de 1967.

La parcelación solicitó judicialmente anular la multa o reducir su monto, argumentando que la fiscalización estaba dirigida contra una inmobiliaria ubicada en otro recinto, a 2,1 kilómetros de distancia, y que ninguna de sus parcelas N°18 pertenecía a dicha empresa. Sostuvo que no existió una negativa a permitir el ingreso, sino una demora por la ausencia temporal del administrador y la necesidad de identificar correctamente el lugar.

Además, denunció irregularidades en el procedimiento, falta de oportunidades para presentar antecedentes y vulneraciones al derecho a defensa y al debido proceso. También cuestionó el incumplimiento de las instrucciones de fiscalización y el cálculo de la multa, que consideró desproporcionada para una entidad con menos de treinta trabajadores.

La Inspección del Trabajo de Buin solicitó rechazar la reclamación, sosteniendo que el fiscalizador se identificó correctamente y que las normas internas de acceso del condominio no podían limitar sus facultades legales. Afirmó que la negativa de ingreso impidió realizar la inspección, entrevistar a trabajadores y revisar documentación laboral.

Asimismo, defendió la multa por considerar gravísima la infracción y ajustada su cuantía a los criterios institucionales. Subsidiariamente, pidió que, si se cuestionaba el monto, este fuera rebajado sin dejar sin efecto la sanción.

Durante el juicio se presentaron documentos, fotografías, registros laborales, antecedentes de fiscalización y testimonios. La parcelación acreditó que ambos condominios tenían accesos independientes y acompañó antecedentes de una inspección posterior que concluyó sin multas, además de un reclamo por el trato recibido por el personal de portería.

El administrador y una trabajadora confirmaron que la inmobiliaria no figuraba entre los propietarios del recinto y explicaron su sistema de control de acceso. Aunque ninguno presenció directamente la conversación entre el fiscalizador y el guardia, sus declaraciones permitieron establecer la organización del condominio y su separación de la inmobiliaria.

El tribunal recordó que los inspectores del trabajo pueden fiscalizar los lugares de trabajo a cualquier hora y que tanto empleadores como terceros pueden ser sancionados si obstaculizan injustificadamente sus funciones. Sin embargo, precisó que la imposibilidad de realizar una inspección de manera inmediata no constituye, por sí sola, una infracción, pues debe acreditarse una conducta obstructiva atribuible al sancionado.