Salud mental de personas privadas de libertad
Corte de San Miguel ordena a Gendarmería trasladar a interno a urgencia psiquiátrica en 24 horas por incumplir orden judicial
El tribunal acogió un recurso de amparo al establecer que Gendarmería incumplió una resolución que ordenaba la evaluación psiquiátrica de un interno con problemas de salud mental e ideación suicida. Sostuvo que las atenciones médicas recibidas en el penal no reemplazaban el traslado dispuesto judicialmente y que la omisión vulneraba su seguridad individual.
La Corte de Apelaciones de San Miguel acogió un recurso de amparo deducido en favor del amparado, privado de libertad en el Centro de Detención Preventiva de Puente Alto, en contra de Gendarmería de Chile.
La acción constitucional se originó ante la omisión de Gendarmería de dar cumplimiento a la orden de traslado a la urgencia psiquiátrica del Hospital Dr. Sótero del Río, decretada el 19 de junio de 2026 por el Juzgado de Garantía de Temuco en una audiencia de cautela de garantías, la cual fijaba un plazo máximo de cinco días para la evaluación y compensación emocional del amparado, quien padece trastornos de ansiedad, depresión, pánico, ideación suicida y problemas de salud física.
Al informar sobre el recurso, Gendarmería solicitó su rechazo argumentando que el interno ha recibido atención sanitaria regular y tratamiento farmacológico en el penal, acompañando antecedentes médicos y kinésicos sobre sus dolencias físicas, además de señalar que una interconsulta psiquiátrica previa había derivado la atención a la red pública primaria. Por su parte, la jueza del Juzgado de Garantía de Temuco confirmó que la orden judicial se encontraba vigente y que los informes de la unidad penal no daban cumplimiento al mandato específico de la resolución.
Al resolver la controversia, la Corte de San Miguel recordó que el artículo 21 de la Constitución Política establece el recurso de amparo como mecanismo de protección de la libertad personal y la seguridad individual frente a actuaciones u omisiones ilegales.
En ese contexto, sostuvo que la privación legítima de libertad de una persona no libera a la autoridad penitenciaria de su obligación de proteger su seguridad individual, especialmente cuando existen antecedentes médicos que dan cuenta de riesgos para su integridad.
Asimismo, destacó que Gendarmería debe cumplir las resoluciones judiciales destinadas a resguardar los derechos de las personas privadas de libertad, incluidas aquellas que ordenan adoptar medidas de atención sanitaria frente a situaciones de riesgo derivadas del encierro.
La Corte estimó que las atenciones médicas proporcionadas dentro del establecimiento penitenciario, así como la interconsulta gestionada previamente, no podían considerarse equivalentes al traslado expresamente ordenado por el Juzgado de Garantía de Temuco.
En consecuencia, concluyó que la falta de ejecución de dicha resolución constituía una omisión ilegal que afectaba la seguridad individual del amparado, al impedir que accediera a la evaluación psiquiátrica especializada dispuesta judicialmente.
Por estas razones, la Corte de San Miguel acogió el recurso de amparo y ordenó a Gendarmería cumplir efectivamente el traslado dentro del plazo fatal de 24 horas, contado desde la notificación de la sentencia.
En esta oportunidad, el tribunal dispuso que el interno fuera trasladado a la urgencia psiquiátrica del Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak, para recibir la evaluación y atención necesarias para su estabilización emocional.
La resolución estableció que el traslado deberá efectuarse bajo las medidas de custodia correspondientes y que Gendarmería tendrá que informar documentadamente a la Corte sobre el cumplimiento de lo ordenado.
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