Corte Suprema revoca fallo que había acogido recurso de protección por bloqueo de camino rural en Pichilemu

La Corte Suprema revocó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Rancagua, que había acogido un recurso de protección interpuesto por propietarios de terrenos rurales del sector Las Tórtolas, comuna de Pichilemu, quienes denunciaron el bloqueo de un camino que utilizaban para acceder a sus inmuebles. En su lugar, el máximo tribunal rechazó la acción constitucional, al considerar que la controversia excedía el ámbito cautelar de este procedimiento.

Los recurrentes señalaron que son propietarios de diversos terrenos ubicados en dicho sector y que, el 2 de octubre de 2025, el recurrido habría bloqueado una servidumbre de tránsito de hecho mediante la construcción de una vivienda en medio del camino. Sostuvieron que esta vía habría sido utilizada durante más de cien años, circunstancia que, a su juicio, se encontraría respaldada por sus títulos de dominio y por anteriores pronunciamientos judiciales que habrían reconocido su existencia.

A partir de estos antecedentes, alegaron que la obstrucción les impedía acceder libremente a sus propiedades, configurando una actuación arbitraria e ilegal que vulneraba sus garantías constitucionales relativas a la libertad para desarrollar actividades económicas y al derecho de propiedad.

Por su parte, el recurrido solicitó el rechazo de la acción y sostuvo que no había bloqueado ninguna servidumbre legalmente constituida. Explicó que desde diciembre de 2024 se habían realizado gestiones para establecer formalmente una servidumbre de tránsito destinada a permitir el acceso a distintos predios interiores, invitándose a los recurrentes a suscribir el plano y acuerdo correspondiente. Sin embargo, estos se habrían negado a firmarlo, pese a contar con un plazo superior a ocho meses para hacerlo.

Asimismo, afirmó que el trazado inicialmente proyectado debió modificarse debido a dicha negativa y que el camino indicado por los actores no correspondía a la realidad actual del terreno. Añadió que cualquier discusión sobre la existencia, extensión o ejercicio de una eventual servidumbre debía ser conocida en un juicio declarativo ante los tribunales civiles.