Recurso contra Inspección del Trabajo por demora en caso de acoso laboral se ordena tramitar

La Corte Suprema revocó la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción que había declarado inadmisible un recurso de protección interpuesto por una empresa en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Concepción, ordenando dar curso a su tramitación al estimar que los hechos denunciados podrían constituir una eventual vulneración de garantías constitucionales.

La acción fue deducida por OK Market a raíz de una denuncia por acoso laboral presentada por un trabajador el 15 de mayo de 2025, en el marco de la Ley Karin. Posteriormente, el 25 de septiembre de 2025 —cuatro meses después— la Dirección del Trabajo notificó al empleador la adopción de medidas, consistentes en atención psicológica y separación de funciones u horarios.

El recurrente sostuvo que, pese a haber solicitado el cierre del proceso tanto de forma presencial como mediante escritos presentados el 22 de diciembre de 2025, no obtuvo respuesta, manteniéndose una situación de “sobredotación” forzada y rigidez operativa en el local. Alegó que, conforme al artículo 211-C del Código del Trabajo, la investigación debía concluir en un plazo de 30 días, el cual había sido ampliamente superado, considerando que habían transcurrido más de siete meses desde la denuncia y tres meses desde la adopción de medidas sin que se emitiera informe final ni se certificara el cierre.

En su presentación, la empresa calificó la omisión como ilegal y arbitraria, denunciando la vulneración de la igualdad ante la ley, al ser sometida a una incertidumbre no prevista por la normativa, y del derecho de propiedad, por la afectación a la organización de su actividad comercial y el perjuicio económico derivado de medidas indefinidas. Asimismo, invocó jurisprudencia de cortes de apelaciones y de la Corte Suprema que reconocen el carácter perentorio del plazo de 30 días para este tipo de investigaciones.

En primera instancia, la Corte de Concepción rechazó el recurso por la vía de inadmisibilidad, al estimar que los hechos denunciados no constituían una vulneración de garantías fundamentales susceptible de ser amparada mediante la acción constitucional, señalando que existían procedimientos específicos en la Ley N°21.643 para la protección de los derechos invocados. En consecuencia, aplicó el numeral 2 del Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección, considerando que la controversia debía resolverse por vías administrativas o laborales especiales.