Factores psicosociales, enfermedad profesional por salud mental y gestión de riesgos legales

En nuestro país, la protección frente a los riesgos psicosociales constituye una deuda pendiente tanto en el plano jurídico como en el de la salud ocupacional. La evidencia científica y clínica demuestra que, cuando no se adoptan medidas eficaces para prevenir situaciones de acoso, hostigamiento o ambientes laborales tóxicos, las y los trabajadores pueden desarrollar enfermedades profesionales de carácter psicológico con consecuencias permanentes en su salud y calidad de vida. Estas patologías abarcan cuadros depresivos, ansiedad crónica, trastornos del sueño, alteraciones de la memoria e irritabilidad, todas ellas asociadas a un detrimento sostenido del bienestar integral.

Este problema no se limita a la esfera individual. El incumplimiento del deber de protección consagrado en la legislación laboral expone directamente a las organizaciones a graves riesgos judiciales. En la práctica, esto se traduce en demandas por enfermedad profesional que, de acreditarse, obligan a indemnizar no sólo el daño emergente y el lucro cesante, sino también el daño moral. Este último, entendido como el sufrimiento, la angustia y las secuelas psíquicas ocasionadas, configura un pasivo económico y reputacional que puede afectar la sostenibilidad institucional.

Datos recientes de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) son elocuentes: entre enero de 2023 y agosto de 2024 se registraron 16.293 casos de enfermedades de origen laboral vinculadas a factores psicosociales. De estos, la hostilidad de la jefatura representó el 37%, seguida por la sobrecarga laboral (23%) y la disfuncionalidad de la jefatura (14%). Otros factores relevantes fueron la hostilidad de pares (7%), las condiciones organizacionales estresantes (6%), el asedio sexual (3%), la violencia o acoso desde usuarios (3%), la ambigüedad o conflicto de roles (3%) y la ausencia de descansos (3%). Incluso elementos como el trabajo emocionalmente comprometido (1%) o la subcarga (2%) aparecen como agentes de riesgo documentados.