Claudio Palavecino Cáceres

La inmediación ha sido uno de los pilares del proceso laboral chileno y fundamento de un sistema que restringe la revisión de la valoración de la prueba. Sin embargo, el registro audiovisual, la fragmentación de los juicios, la demora entre la audiencia y la sentencia y el uso de videoconferencias ponen en cuestión que la presencia directa del juez garantice por sí sola una mejor decisión. El autor plantea revisar críticamente este modelo y fortalecer el control sobre las razones que sustentan las sentencias.

La columna analiza los efectos laborales de la liquidación concursal de una sociedad cuando previamente se ha declarado la existencia de un solo empleador. El autor sostiene que la liquidación de una empresa del grupo no libera automáticamente a las restantes sociedades no concursadas, las que mantienen su responsabilidad solidaria por las obligaciones laborales y previsionales, por lo que el despido fundado en la liquidación de otra sociedad debe ser calificado como injustificado o sin causa legal.

El Capítulo 19 del CPTPP contiene un conjunto de garantías procesales que pueden ser consideradas parte del estándar mínimo del debido proceso laboral, incluyendo el acceso a tribunales imparciales, el derecho a defensa y prueba, la publicidad de las actuaciones, la existencia de recursos efectivos y el cumplimiento oportuno de las decisiones judiciales.

Quiero partir por agradecer a los abogados Diego Lizama y Felipe Correa la atención prestada a mi columna sobre “El estándar probatorio del acoso sexual en Chile” publicada en este mismo medio. Me ha servido para repensar la tesis allí expuesta -que el estándar es más allá de toda duda razonable, reafirmarla y reforzar los…

El acoso sexual laboral en Chile exige un análisis riguroso del estándar probatorio, donde la ley establece que la conducta debe ser “debidamente comprobada”. Esto resguarda tanto la libertad sexual de la víctima como los derechos del denunciado frente a posibles condenas injustas.

Aunque la reforma laboral de 2008 incorporó una visión publicística del proceso, la tutela cautelar sigue anclada en concepciones obsoletas que la subordinan al arbitrio judicial, alejándola de su verdadera función: garantizar el derecho material del trabajador durante la tramitación del juicio.

En reciente sentencia de 11 de enero de 2024, el Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad del Consejo de Defensa de Estado que recaía precisamente sobre las normas de intereses del DL 3500 y la Ley 17.322. Esta sentencia reviste extraordinario interés porque se pronuncia sobre la naturaleza y propósito de tales intereses bajo una óptica completamente distinta a la de la Corte Suprema.

El propio texto constitucional asegura entonces la indemnidad de las opiniones, vale decir, no solo las protege ex ante contra la censura previa, sino que ex post contra represalias o castigos cuando la opinión emitida disgusta a otros, mientras que su emisor no incurra en delito o abuso que en todo caso han de estar legalmente determinados. En material laboral, por ejemplo, configuran abuso de la libertad de opinión las “injurias proferidas por el trabajador al empleador” y ameritan el despido disciplinario.

No debe perderse de vista que el régimen legal del trabajo subcontratado altera el principio del efecto relativo de los contratos. No hay, por regla general, eficacia para terceros del contrato de trabajo, tal acuerdo es para quienes no concurrieron a su celebración res inter alios acta. La responsabilidad de la empresa principal es por tanto excepcional y ello impone una interpretación estricta sobre su alcance.

La conexión con el concepto de empresa permite objetivar la relación de subordinación, en el sentido que deja de ser un vínculo entre el trabajador y el empleador-persona natural, para convertirse en una relación que liga al trabajador con un orden objetivo, con una organización preestablecida cual es la empresa. Por consiguiente, lo fundamental para que se configure la subordinación viene a ser que el trabajador se incorpore en esta organización, quedando así sujeto al orden -sub ordinem- en que toda empresa esencialmente consiste.

Resulta sorprendente que algunos jueces del trabajo declaren la caducidad de los hechos, limitando el debate y la actividad probatoria a los sesenta días hábiles que preceden a la interposición de la denuncia. Esta “caducidad de hechos”, además de la impropiedad conceptual importará muchas veces una confusión entre causa y efecto o, para usar los términos legales, entre los hechos constitutivos de la lesión y los antecedentes en que se fundamenta, distinción prevista en el art. 490 del Código del Trabajo.

Si bien tanto la acción constitucional de protección como la acción de tutela laboral son medios de defensa de los derechos fundamentales, su objeto y efectos jurídicos no coinciden plenamente. Mientras que la acción constitucional de protección agota su objeto en ofrecer una tutela de urgencia, la que se logra mediante la contracción del contradictorio y genera como necesaria consecuencia que lo resuelto solo produzca una cosa juzgada formal; la acción de tutela laboral es un proceso de lato conocimiento, que ofrece un contradictorio pleno y cuya sentencia produce cosa juzgada material.

Pienso que esta comprensión de la relación entre sana crítica y verdad manifiesta una ingenuidad epistémica. Esa ingenuidad consiste en creer que es posible comparar enunciados lingüísticos con un trozo de realidad desnuda o no interpretada. En términos simples, la ingenuidad consiste en creer que el juez puede salirse del lenguaje.

El mandato legal respecto de la prueba ilícita inhibe al juez del proceso completo de apreciación. El juez no debe siquiera tomar contacto con sus sentidos con la prueba ilícita, no la puede siquiera percibir, ni tampoco interpretar, ni menos valorar.

La simulación y el subterfugio mantienen su autonomía material respecto del fenómeno de la unidad económica y, por ende, resultan también aplicables a hipótesis distintas de la prevista en el artículo 3° inciso cuarto del Código del Trabajo.

El llamado “despido disciplinario” (que congloba las causales del art. 160 del Código del Trabajo) no debería ser considerado una sanción legalmente procedente frente a meras infracciones del reglamento interno de orden, higiene y seguridad.

Corte Suprema rechaza recurso de unificación y declara que la Corte de Apelaciones de Valparaíso interpretó acertadamente la ley al rechazar recurso de nulidad que alegaba la incompetencia de los tribunales del trabajo para conocer tutela laboral de funcionario de las FFAA.

Los particulares no pueden equipararse al Estado, porque el Estado tiene ejército, policía, jueces, superintendencias y, sobre todo, una capacidad de lesionar los derechos y libertades del ciudadano incomparablemente superior cualitativa y cuantitativamente que las de cualquier particular, incluso al más poderoso entre ellos.