En el Derecho Sucesorio chileno, la libertad de testar está limitada por normas que protegen a ciertos parientes, asegurándoles una parte del patrimonio, mediante instituciones como las legítimas, la sucesión semi forzosa, la cuarta de mejoras y las sanciones de indignidad y desheredamiento.
El control de la Administración del Estado es esencial en un Estado de Derecho y se ejerce a través de mecanismos administrativos, políticos, ciudadanos y judiciales, destacando el rol de la Contraloría en la toma de razón de los actos administrativos.
El Derecho Procesal Orgánico regula la organización y atribuciones de los tribunales, así como las formas de solución de conflictos y los conceptos de jurisdicción y competencia para el ejercicio de la función jurisdiccional.
Las normas comunes a todo procedimiento establecen reglas generales sobre comparecencia en juicio, ius postulandi, validez procesal, notificaciones y plazos, garantizando el debido proceso y la correcta tramitación de las causas.
El juicio sumario es un procedimiento extraordinario del sistema procesal civil chileno destinado a resolver con rapidez aquellos casos en que la naturaleza de la acción exige una pronta decisión para evitar que el derecho se torne ilusorio.
Las medidas prejudiciales son herramientas procesales que permiten obtener información, asegurar pruebas o proteger bienes antes del juicio, clasificándose en preparatorias, probatorias y precautorias para asegurar la eficacia de la tutela judicial.
El juicio ordinario de mayor cuantía es el procedimiento civil fundamental y supletorio para resolver controversias de mayor cuantía, regulando etapas como demanda, emplazamiento, defensa, prueba y sentencia para una decisión judicial fundada.
La prueba comprende el conjunto de reglas y mecanismos destinados a formar la convicción del juez sobre los hechos controvertidos, incluyendo la carga, valoración y medios probatorios que sustentan la sentencia.
El juicio ejecutivo es un procedimiento extraordinario que permite obtener el cumplimiento forzado de obligaciones mediante un título ejecutivo, regulando la acción ejecutiva, sus cuadernos y las tercerías para asegurar la efectividad del derecho.
El Derecho Procesal Penal regula la persecución de los delitos en el sistema acusatorio chileno, estableciendo principios, intervinientes y etapas del proceso, resguardando las garantías fundamentales.
El Derecho Administrativo Sancionador regula la potestad sancionadora de la Administración como manifestación del ius puniendi del Estado, aplicando de forma matizada los principios y garantías del Derecho Penal.
El recurso de reposición es un mecanismo procesal que permite impugnar autos y decretos ante el mismo tribunal que los dictó, corrigiendo errores y garantizando la celeridad y economía procesal.
El recurso de apelación permite que un tribunal superior revise resoluciones que causan agravio, garantizando el derecho a la defensa y el debido proceso conforme a la normativa civil y penal.
El recurso de hecho, verdadero y falso, permite a los tribunales superiores revisar la correcta procedencia del recurso de apelación, garantizando el acceso a la justicia y el control jerárquico.
El recurso de queja es un medio extraordinario que busca corregir faltas o abusos graves de los jueces, permitiendo sancionar su conducta y modificar la resolución que cause perjuicio a las partes.
El recurso de casación, en la forma y en el fondo, permite anular sentencias dictadas con vicios graves para asegurar la correcta aplicación de la ley y la uniformidad de la jurisprudencia.
El recurso de aclaración, rectificación o enmienda permite corregir errores formales en las resoluciones judiciales sin alterar su fondo, constituyendo una excepción al principio de desasimiento del tribunal.
El recurso de protección es una acción constitucional destinada a amparar derechos fundamentales frente a actos arbitrarios o ilegales, permitiendo su resguardo inmediato por los tribunales superiores.
El recurso de revisión es una acción excepcional que permite anular sentencias firmes dictadas con vicios graves, fraude o errores de hecho, resguardando la justicia y la certeza jurídica.
El recurso de amparo es una acción destinada a proteger la libertad personal y la seguridad individual frente a privaciones o amenazas ilegales, garantizando su resguardo inmediato por los tribunales superiores.
El recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad permite controlar que una norma no vulnere la Constitución, resguardando la supremacía constitucional y los derechos fundamentales.
Los principios ambientales son directrices que orientan la creación e interpretación del derecho ambiental, cobrando especial relevancia frente a la actual crisis ecológica global.
La justicia ambiental integra la protección del entorno con la equidad social, buscando que los riesgos y daños ambientales no afecten de manera desproporcionada a las comunidades más vulnerables.
El Acuerdo de Escazú es un tratado regional vinculante que fortalece la democracia ambiental mediante el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Los Tribunales Ambientales, creados por la Ley 20.600, son órganos jurisdiccionales especializados que resuelven controversias ambientales y actúan como contrapeso a organismos como el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente.
La institucionalidad ambiental reúne organismos, normas y herramientas destinadas a proteger el medio ambiente y coordinar la gestión pública, asegurando el equilibrio entre desarrollo económico y protección ecológica.
La participación ciudadana en materia ambiental permite a las personas influir en decisiones que afectan su entorno, consolidándose como un pilar de la democracia ambiental y la gobernanza moderna.
El daño ambiental es toda afectación significativa al medio ambiente que supera los límites legales y exige una respuesta reparatoria, a diferencia del impacto ambiental que es una consecuencia normal de la actividad humana.
El desarrollo sustentable busca equilibrar el crecimiento económico, la protección ambiental y el bienestar social, permitiendo que las actividades humanas se mantengan en el tiempo.
La Evaluación Ambiental Estratégica es un proceso participativo que incorpora consideraciones ambientales en políticas y planes, anticipando sus efectos y promoviendo el desarrollo sustentable desde etapas tempranas.