Educación Cívica

Los instrumentos de gestión ambiental son herramientas de política pública destinadas a prevenir, mitigar y mejorar los impactos ambientales, promoviendo el desarrollo sin degradar los recursos naturales.

El Ministerio del Medio Ambiente es el organismo rector de la política ambiental, encargado de diseñar planes y programas para proteger la biodiversidad y promover el desarrollo sustentable, creado por la Ley N° 20.417.

La Superintendencia del Medio Ambiente, creada por la Ley N° 20.417, es el organismo encargado de fiscalizar y sancionar el cumplimiento de la normativa ambiental para asegurar la protección efectiva del entorno.

El Servicio de Evaluación Ambiental es el organismo técnico encargado de evaluar ambientalmente los proyectos de inversión, garantizando que su desarrollo sea compatible con la protección del medio ambiente, creado por la Ley N° 20.417.

El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad es un órgano que coordina y propone políticas ambientales al Presidente, integrando la sustentabilidad en las decisiones del Estado.

El control de convencionalidad permite verificar que la normativa interna de los Estados sea conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos, garantizando la protección de los derechos humanos.

Los recursos procesales son mecanismos que permiten impugnar resoluciones judiciales que causan agravio, mediante acciones como la reposición, apelación y casación, para garantizar la corrección de los actos jurisdiccionales.

Las zonas de sacrificio ambiental son territorios afectados por una alta concentración de actividades industriales contaminantes, donde el desarrollo económico ha prevalecido sobre la protección ambiental y el bienestar de las comunidades. Suelen presentar graves impactos ecológicos y sociales de carácter persistente.

Los conflictos socioambientales son fenómenos complejos que han cobrado gran relevancia en Chile durante las últimas décadas, especialmente como respuesta a las actividades extractivistas como la minería y la salmonicultura.

El concepto de Cambio climático en el Derecho se refiere a la integración de este fenómeno ambiental en el marco normativo nacional e internacional para regular las conductas de los Estados y otros actores. No se trata solo de un fenómeno físico, sino de una categoría jurídica que genera obligaciones, responsabilidades y derechos exigibles ante tribunales.

El permiso de construcción es una institución fundamental del Derecho Urbanístico, ya que vincula las políticas de ordenamiento territorial con el ejercicio del derecho a construir derivado del derecho de propiedad.

Por Kathya Pinaud Palma Introducción. La institución de la caducidad opera en manera transversal en nuestro ordenamiento jurídico, entendida como un modo de extinguir las acciones derivadas de un derecho, debido al transcurso del plazo perentorio fijado por la ley, garantizando con ello la seguridad jurídica en las relaciones entre sujetos. 1. ¿Qué se […]

Leer o escuchar comentarios como: “la justicia no actuó”, que “la policía dejó libre” a una persona o que “el fiscal decidió absolverla” es común hoy en día en razón a que nacen de la legítima necesidad de obtener una respuesta. Sin embargo, también muestran que no siempre existe claridad sobre quién investiga, quién acusa, quién defiende y quién tiene la facultad de decidir.

Identificar, registrar y detener son actuaciones distintas. Conocer sus requisitos permite comprender las facultades policiales y proteger los propios derechos.

Los tributos constituyen prestaciones obligatorias establecidas por ley, dentro de las cuales se distinguen los impuestos, las contribuciones y las tasas. En Chile, cada uno posee características y regulaciones propias, por lo que no son conceptos equivalentes pese a su frecuente confusión.

La protección penal de los animales en Chile se encuentra regulada de forma dispersa entre el Código Penal y diversas leyes especiales. Además del delito de maltrato o crueldad animal, el ordenamiento sanciona conductas como el abandono, las peleas de animales, ciertas prácticas de experimentación y los ilícitos que afectan a la fauna silvestre.

La legislación chilena protege a los animales frente al maltrato y la crueldad mediante normas penales y especiales que establecen deberes de cuidado y sanciones. Esta protección se ha fortalecido con leyes que regulan la tenencia responsable, tipifican el abandono como maltrato y amplían las restricciones a la experimentación animal.

La elusión tributaria en Chile delimita la diferencia entre la planificación tributaria legítima y las estructuras destinadas a obtener ventajas fiscales indebidas. Su regulación se fortaleció con la Norma General Antielusiva de 2014 y las reformas introducidas por la Ley N° 21.713 de 2024.

La Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) constituye el pilar central de la nueva institucionalidad establecida por la Ley N° 21.663 en Chile. Su creación responde a la necesidad de garantizar la resiliencia de los servicios esenciales y la protección de la infraestructura crítica de la información, marcando un cambio de paradigma hacia una gobernanza digital centralizada y proactiva frente a las amenazas del ciberespacio.

El derecho a huelga en Chile es un derecho fundamental de ejercicio colectivo, vinculado a la libertad sindical y a la negociación colectiva. Su regulación, especialmente tras la Reforma Laboral de 2016, ha generado debate sobre el equilibrio entre la efectividad de la huelga y la continuidad operacional mediante la fijación de servicios mínimos.

La acusación constitucional es un mecanismo que permite al Congreso controlar la responsabilidad de las más altas autoridades del Estado. A través de este proceso se busca mantener el equilibrio de poderes y asegurar que las autoridades respeten la Constitución.

Según el artículo 594 del Código Civil, se entiende por playa del mar la extensión de tierra que las olas bañan y desocupan alternativamente hasta donde llegan las más altas mareas.

Se encarga de la promoción y protección de los derechos humanos de los habitantes del país establecidos en las normas constitucionales y legales; en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile y que se encuentran vigentes

Se aplicará la imprescriptibilidad sólo a los delitos que se cometan desde que se publica la ley. Es decir, los delitos cometidos antes de la fecha de vigencia mantienen los plazos de prescripción de la legislación anterior

Está conferida por la Constitución Política de la República al Presidente de la República. Y lo faculta para dictar Decretos, reglamentos y otros cuerpos normativos destinados, en general, a la aplicación de las leyes y a hacer posible la administración del Estado.

Facultad de los trabajadores para organizarse en sindicatos, ejercer la acción y promoción sindical, sin impedimento alguno, solo con la condición de sujetarse a la ley y a los estatutos que los mismos trabajadores se dan.

Asociaciones de individuos que defienden intereses concretos dentro de una determinada ideología.

Fueron creados por la ley 19.968 de Tribunales de Familia y empezaron a funcionar el 1 de octubre del año 2005.

sin importar si su acceso al poder fue por vías legales o por la fuerza.

La regulación del terrorismo en Chile comprende un entramado normativo y constitucional enfocado en la prevención, tipificación y sanción penal de conductas caracterizadas por su capacidad de desestabilizar las instituciones o someter a la población. El ordenamiento combina reglas de punición para asociaciones delictivas y actos individuales con herramientas procesales avanzadas de investigación, contemplando además severas inhabilidades públicas para quienes resulten condenados.