Corte de San Miguel acoge nulidad del Fisco y deja sin efecto sentencia por omitir prueba clave sobre caducidad

El tribunal del trabajo rechazó la excepción al considerar acreditado que el trabajador había presentado dicho reclamo administrativo. Sobre esa base, estimó aplicable el plazo de 90 días hábiles y concluyó que la demanda había sido presentada dentro de ese período.

El Fisco interpuso reposición contra esa decisión en la misma audiencia, pero el tribunal la desestimó. De acuerdo con la Corte, ello permitió tener por cumplido el requisito de preparación del recurso de nulidad, pues la parte había reclamado oportunamente del supuesto vicio utilizando los medios de impugnación disponibles.

La controversia ante la Corte se centró entonces en el documento denominado “Acta de comparendo de conciliación por reclamo”, de fecha 14 de octubre de 2024, acompañado por la propia parte demandante y rendido como prueba durante el juicio.

El Fisco sostuvo que la sentencia había omitido analizar íntegramente ese antecedente, pese a que indicaba expresamente que el reclamo administrativo había sido presentado el 14 de octubre de 2024. Esta fecha resultaba relevante porque la propia sentencia había establecido como término de la relación laboral el 17 de julio de 2024.

La Corte constató que el documento había sido individualizado entre las pruebas aportadas y que incluso había sido mencionado en la resolución que rechazó la excepción de caducidad. Sin embargo, verificó que no había sido objeto de análisis ni en esa resolución ni en la sentencia definitiva.

Para el tribunal de alzada, la omisión resultaba relevante y no constituía un defecto meramente formal, ya que un análisis adecuado del documento necesariamente podía conducir a una decisión diferente respecto de la caducidad.

Al revisar directamente el acta, la Corte estableció que el reclamo administrativo había sido presentado ante la Inspección del Trabajo de Talagante el 14 de octubre de 2024. Considerando que la sentencia había fijado como fecha de término de la relación laboral el 17 de julio de ese año, concluyó que el reclamo fue interpuesto una vez vencido el plazo de 60 días hábiles previsto para ejercer la acción por despido injustificado.

El tribunal precisó que dicho plazo había vencido el 1 de octubre de 2024. Por ello, el reclamo administrativo presentado el 14 de octubre no podía suspender el plazo de caducidad ni permitir su extensión hasta un máximo de 90 días hábiles, conforme al inciso final del artículo 168 del Código del Trabajo.

La Corte agregó que esta conclusión había sido reconocida en estrados por los abogados de ambas partes.

En consecuencia, estimó acreditado el vicio denunciado, pues de haberse analizado y ponderado correctamente el documento relativo al reclamo administrativo, el tribunal del trabajo necesariamente habría debido concluir que la acción por despido injustificado había sido presentada fuera del plazo legal y, por tanto, acoger la excepción de caducidad.

Por esta razón, la Corte acogió la causal principal del recurso de nulidad y consideró innecesario pronunciarse sobre las causales planteadas de manera subsidiaria, señalando que, atendida la forma en que fueron interpuestas, carecía de competencia para analizarlas una vez acogida la causal principal.

En definitiva, la Corte de Apelaciones acogió, sin costas, el recurso de nulidad interpuesto por el Fisco de Chile, invalidó la sentencia definitiva y en fallo de reemplazo acogió la excepción y declaró la caducidad de la acción ejercida.

Vea sentencia Corte de San Miguel Rol N° 69-2026 (Laboral)y de reemplazo.