Corte de Santiago anula fallo y deja sin efecto multa por despido de trabajadora embarazada

La recurrente sostuvo que, una vez que tuvo conocimiento del embarazo de la trabajadora, procedió a reincorporarla el mismo día en que se efectuó la fiscalización de la Inspección del Trabajo y pagó íntegramente las remuneraciones y cotizaciones correspondientes al período de separación.

Por esta razón, afirmó que no se configuraba una infracción a las normas sobre protección de la maternidad ni al fuero laboral. Asimismo, cuestionó la aplicación de las disposiciones relativas al monto de las multas, al estimar que se había mantenido una sanción pese a que no concurría el presupuesto legal que la justificaba.

La empresa solicitó que se anulara la sentencia impugnada, se dictara una sentencia de reemplazo y, como consecuencia, se dejara sin efecto la Resolución de Multa, con costas.

Al resolver, la Corte de Santiago concluyó que la sentencia de primera instancia efectivamente vulneró el artículo 459 N°4 del Código del Trabajo, norma que exige que el fallo contenga un análisis de toda la prueba rendida, determine los hechos que estima probados y explique el razonamiento utilizado para arribar a esa conclusión.

El tribunal de alzada precisó que esa obligación solo se satisface cuando el juez efectúa una valoración efectiva y particular de cada medio probatorio.

La Corte observó que la sentencia se hizo cargo de algunos antecedentes, pero les restó valor sin una fundamentación suficiente. Así ocurrió con el anexo de contrato de trabajo de reintegro, documento que daba cuenta directamente del hecho discutido y cuya desestimación, según el fallo, exigía algo más que una simple suposición.

También constató que la sentencia mencionó las liquidaciones de remuneraciones y las cotizaciones previsionales aportadas al proceso, pero posteriormente no volvió a referirse a ellas ni efectuó una valoración concreta de esos documentos.

A ello se agregó la desestimación de la declaración del único testigo presencial debido a que su relato se contraponía con el contenido del acta de fiscalización, sin que se desarrollara un razonamiento relacionado con su credibilidad, coherencia o imparcialidad.

Por estas razones, la Corte tuvo por configurada la causal de nulidad del artículo 478 letra e) del Código del Trabajo, en relación con el artículo 459 N°4 del mismo cuerpo legal, y estimó que ese motivo resultaba suficiente para resolver el recurso, por lo que no se pronunció sobre las causales subsidiarias.

Al dictar sentencia de reemplazo, el tribunal señaló que, conforme al acta de fiscalización de la Inspección del Trabajo, una trabajadora había sido desvinculada de la empresa, circunstancia que derivó en la aplicación de una multa al empleador.

Sin embargo, luego de efectuar una nueva valoración de todos los medios de prueba, la Corte concluyó que la trabajadora había sido efectivamente reincorporada a sus funciones el mismo día de la fiscalización y que la empresa había pagado íntegramente las remuneraciones y cotizaciones devengadas durante el período en que permaneció separada de su empleo.

El fallo otorgó especial relevancia al anexo de contrato de trabajo de reintegro, al considerar que se trataba de un acto jurídico bilateral celebrado conforme a las exigencias del artículo 11 del Código del Trabajo.

La Corte sostuvo que debía estarse a la fecha consignada en dicho instrumento mientras no existiera prueba suficiente que permitiera desvirtuarla, circunstancia que no se verificó en el caso.

Añadió que ese documento se encontraba respaldado por la restante prueba documental y testimonial aportada por la reclamante.

Respecto del acta de fiscalización, la Corte reconoció que cuenta con una presunción de veracidad de acuerdo con el artículo 23 del D.F.L. N°2 de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. No obstante, precisó que esa presunción admite prueba en contrario y estimó que en este caso fue desvirtuada mediante el anexo de reintegro y los demás antecedentes documentales y testimoniales que lo respaldaban, sin que existiera un elemento objetivo que permitiera concluir lo contrario.

Sobre esa base, la Corte tuvo por acreditado que el despido de la trabajadora se produjo cuando el empleador desconocía su estado de embarazo y que, tan pronto tomó conocimiento de esa circunstancia, dispuso su reincorporación y dio cumplimiento a las obligaciones laborales correspondientes.

En consecuencia, concluyó que el empleador había cumplido la legislación vigente y que no se configuró el hecho infraccional que había servido de fundamento a la sanción administrativa.

Por ello, la Corte acogió la reclamación y dejó sin efecto la Resolución de Multa por estimar que carecía de sustento fáctico.

Vea sentencia Corte de Santiago Rol Nº2307-2025 y de reemplazo.