Corte Suprema rechaza autodespido de trabajadora municipal pese a casi nueve años de cotizaciones previsionales impagas

La Corte Suprema rechazó un recurso de unificación de jurisprudencia presentado por una extrabajadora de la Municipalidad de Maipú que solicitaba reconocer la justificación de su autodespido por el no pago de cotizaciones previsionales. El máximo tribunal estableció que, aunque judicialmente se reconoció la existencia de una relación laboral y se ordenó pagar las cotizaciones adeudadas, el incumplimiento no tenía la gravedad necesaria para justificar el término del contrato por decisión de la trabajadora, debido a que el municipio había actuado bajo un régimen formal de contratación a honorarios.

La controversia se originó en una demanda presentada por una trabajadora social que prestó servicios a honorarios para la Municipalidad de Maipú entre septiembre de 2013 y agosto de 2022, desempeñando funciones de asistencia social, atención en el Centro de la Mujer, visitas a terreno y evaluaciones socioeconómicas. Sus contratos contemplaban pagos mediante boletas de honorarios, días de descanso y permisos administrativos. En septiembre de 2022, comunicó su autodespido al municipio y a la Inspección del Trabajo, alegando incumplimiento grave de las obligaciones del empleador por el no pago de cotizaciones previsionales durante casi nueve años, la falta de un contrato laboral escrito y el no otorgamiento del feriado legal.

Durante el juicio se acreditó que la Municipalidad de Maipú no pagó las cotizaciones de seguridad social de la trabajadora entre septiembre de 2013 y agosto de 2022, salvo las de salud correspondientes a marzo de 2020 y julio de 2022. El Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago reconoció la existencia de una relación laboral continua, pese a los contratos a honorarios, y ordenó pagar las cotizaciones de vejez y cesantía adeudadas, además de ocho días de feriado legal. Sin embargo, rechazó el autodespido, la nulidad del despido y las indemnizaciones y remuneraciones reclamadas, al considerar que los contratos asignaban a la trabajadora la responsabilidad de sus cotizaciones y que el municipio, como organismo público, debía ajustarse al régimen de contratación a honorarios, que no le imponía la obligación de descontarlas y pagarlas como empleador.

Ambas partes recurrieron de nulidad, pero la Corte de Santiago rechazó los recursos. Respecto de la trabajadora, estimó que el no pago de cotizaciones no constituía un incumplimiento grave, pues el municipio no estaba obligado a descontarlas bajo el régimen de contratación a honorarios. Además, descartó la existencia de abuso, simulación, fraude o aprovechamiento económico, considerando que la situación derivaba del marco normativo aplicado y que la trabajadora había aceptado esas condiciones durante casi nueve años, período en que recibió beneficios como días de descanso.

La demandante recurrió de unificación de jurisprudencia ante la Corte Suprema, solicitando determinar si el no pago de cotizaciones previsionales por una municipalidad, respecto de una trabajadora contratada a honorarios cuya relación laboral fue reconocida judicialmente, constituye un incumplimiento grave que justifica el autodespido. Alegó que el municipio incumplió una obligación esencial y solicitó las indemnizaciones correspondientes, citando tres fallos anteriores que reconocían ese derecho. Dichas sentencias establecían que el pago de cotizaciones es una obligación legal del empleador, conforme al Código del Trabajo y al Decreto Ley N°3.500, y que el reconocimiento judicial de la relación laboral tiene carácter declarativo. Además, consideraban grave el incumplimiento por sus efectos sobre la futura jubilación y los beneficios de salud y cesantía.

Al analizar el recurso, la Corte Suprema constató que existían interpretaciones judiciales diferentes sobre esta materia, por lo que examinó cuál debía aplicarse al caso.

El máximo tribunal explicó que el autodespido permite al trabajador poner término al contrato cuando el empleador incurre en alguna de las conductas graves previstas por la ley, y solicitar las indemnizaciones correspondientes, incluidos los recargos legales.

Precisó que esta figura no equivale a una renuncia voluntaria, pues el término de la relación laboral se produce como consecuencia de un incumplimiento atribuible al empleador.

De esta manera, el autodespido busca proteger la estabilidad en el empleo y evitar que el trabajador deba soportar incumplimientos graves para conservar su fuente laboral.

La Corte recordó que el artículo 58 del Código del Trabajo obliga al empleador a descontar de las remuneraciones los impuestos y las cotizaciones de seguridad social.