Demanda notificada ante tribunal incompetente puede interrumpir la prescripción, resuelve Corte Suprema

Enseguida, recordó que el artículo 2518 del Código Civil dispone que la prescripción extintiva puede interrumpirse natural o civilmente y que esta última forma de interrupción se produce por la demanda judicial, salvo los casos contemplados en el artículo 2503 del mismo cuerpo legal. A partir de estas normas, indicó que la notificación judicial de la demanda puede producir efectos interruptivos aun cuando haya sido presentada ante un tribunal incompetente, pues lo relevante es que dicha actuación comunique al deudor la voluntad del acreedor de abandonar su pasividad y hacer valer su derecho. La incompetencia del tribunal, precisó, genera consecuencias de naturaleza procesal, pero no elimina necesariamente esa manifestación de voluntad del acreedor.

La Corte Suprema agregó que el artículo 2503 del Código Civil constituye una norma de derecho estricto, razón por la cual las excepciones que contempla al efecto interruptivo de la demanda judicial no pueden extenderse a situaciones distintas de las expresamente previstas. En particular, explicó que el numeral 1° de esa disposición exige que la demanda haya sido notificada y que dicha notificación se practique “en forma legal”, de manera que lo determinante es el cumplimiento de las formalidades establecidas por la ley. Por ello, si posteriormente la actuación pierde eficacia procesal debido a la declaración de incompetencia del tribunal, esa circunstancia no altera el hecho de que la notificación fue realizada válidamente ni impide reconocerle eficacia para efectos de la interrupción de la prescripción.

Aplicando estas consideraciones al caso concreto, observó que la gestión preparatoria fue válidamente notificada a la minera el 10 de agosto de 2023 y que posteriormente también se notificó la demanda ejecutiva, proceso en el cual la deudora compareció y alegó como primera defensa la incompetencia del tribunal. De este modo, estimó que la interrupción de la prescripción ante el tribunal incompetente se produjo porque las actuaciones de la ejecutante demostraron que salió de su pasividad y exteriorizó su voluntad de obtener el pago de la deuda. Añadió que, una vez ejecutoriada el 26 de marzo de 2024 la resolución que declaró la incompetencia, comenzó a correr un nuevo plazo de prescripción y que la demanda del nuevo procedimiento fue notificada el 27 de septiembre de ese año, seguida del requerimiento de pago el 3 de octubre, antes de que transcurriera el plazo de un año establecido por la Ley N° 19.983.

En sentencia de reemplazo, la Corte Suprema reiteró que la gestión preparatoria fue válidamente notificada a la minera el 10 de agosto de 2023 y que, luego de notificarse la demanda ejecutiva, esta compareció al procedimiento y opuso como primera defensa la incompetencia del tribunal. A partir de estos antecedentes, estimó que se produjo válidamente el emplazamiento del deudor y que aquella notificación fue eficaz para interrumpir la prescripción. Añadió que, una vez ejecutoriada el 26 de marzo de 2024 la resolución que declaró la incompetencia, comenzó a correr un nuevo plazo de prescripción, el cual no alcanzó a completarse antes de que la nueva demanda fuera notificada el 27 de septiembre del mismo año y se practicara el requerimiento de pago el 3 de octubre, conforme al plazo de un año previsto en el artículo 10, inciso tercero, de la Ley N° 19.983.

Sobre esa base, el máximo Tribunal confirmó la sentencia de primera instancia que había rechazado la excepción de prescripción contemplada en el artículo 464 N° 17 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, ordenó continuar con el procedimiento ejecutivo hasta que el acreedor obtenga el entero y cumplido pago de la suma adeudada.

Acordado con el voto en contra del ministro señor Silva, quien estuvo por rechazar el recurso de casación en el fondo, al estimar que la notificación de una demanda efectuada ante un tribunal incompetente no constituye una actuación válida para interrumpir la prescripción, pues emana de un procedimiento afectado por la incompetencia absoluta del órgano jurisdiccional. En ese sentido, sostuvo que la interrupción de la prescripción ante el tribunal incompetente no podía producir los efectos reconocidos por la mayoría, ya que, al declararse la incompetencia y ponerse término al procedimiento, las actuaciones desarrolladas en él carecían de aptitud para mantener vigente el efecto interruptivo inicialmente atribuido a la gestión judicial.

El disidente agregó que, como el primer procedimiento no prosperó debido a la declaración de incompetencia, la prescripción extintiva que ya había comenzado a correr continuó su curso sin interrupción civil hasta completar el plazo de un año antes de la notificación de la nueva demanda. Por ello, estimó que los jueces de la Corte de Antofagasta aplicaron correctamente el artículo 2503 del Código Civil al concluir que las gestiones realizadas ante un juez incompetente no eran idóneas para interrumpir la prescripción, por lo que estuvo por mantener el fallo recurrido y rechazar la casación.

Vea sentencia Corte Suprema Rol Nº38478-2025, de reemplazo, Corte de Antofagasta Rol Nº37-2025 (Civil) y del Juzgado de Letras y Garantía de Mejillones Rol C-30-2024.