Si el plazo de caducidad no estaba pendiente ni mucho menos suspendido al momento en que se declaró el estado de excepción, no procede ampliarlo.

La Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó el recurso de nulidad interpuesto en contra de la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel, que acogió la excepción de caducidad opuesta por la parte demandada y, en consecuencia, declaró caduca la acción de tutela por vulneración de derechos fundamentales, omitiendo pronunciamiento de fondo a su respecto.

En contra de dicha sentencia, la parte demandante dedujo recurso nulidad. Argumenta que, de haberse ceñido el sentenciador al tenor estricto de los artículos 8 de la Ley 21.226, 11 de la Ley 21.379, 2 y 486 del Código del Trabajo, bajo ningún respecto podría haber acogido la excepción de caducidad opuesta por la parte demandada, por cuanto ésta importa una infracción a una norma imperativa, procesal y de orden público.

Asimismo, el recurrente hace referencia a los antecedentes de la causa como la fecha de interposición de la denuncia y las prestaciones demandadas, y expone que, la controversia está referida al computó del plazo de caducidad de la acción, cuestión que la demandada sostiene que debe hacerse desde la presentación formal de la denuncia a su representante legal.