Tribunal acoge tutela contra municipio por no renovar contrata por razones políticas

El Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción acogió la denuncia por vulneración de derechos fundamentales interpuesta en contra de la Municipalidad de Hualqui, por vulnerar el derecho a la no discriminación laboral al no renovar la contrata del funcionario, tras establecer que el demandante, quien se desempeñaba como electricista en la Dirección de Obras Municipales, fue desvinculado por razones políticas tras el cambio de administración, por lo que le ordenó al municipio pagarle la suma de $6.911.226.- por concepto de remuneraciones adeudadas; y al alcalde, remitirle dos cartas: una de disculpas y la segunda de recomendación laboral.

El tribunal rechazó la excepción de prescripción opuesta por el municipio, señalando que el plazo de dos años para demandar el reconocimiento de la relación laboral se cuenta desde el término definitivo de los servicios y no desde eventuales cambios de régimen, como el paso de honorarios a contrata, siempre que exista continuidad en la prestación.

En el caso analizado, se acreditó que el trabajador prestó servicios para la municipalidad primero a honorarios y luego a contrata, desempeñando funciones de carácter permanente como técnico electricista, con jornada fija, subordinación, supervisión directa y uso de dependencias municipales, lo que permitió concluir que, en la práctica, existía una relación laboral.

El tribunal destacó que, aunque los contratos señalaban que no existía vínculo laboral, debía primar la realidad de los hechos, en la que se evidenciaban elementos propios de subordinación y dependencia. Asimismo, se estableció que las labores no eran accidentales ni correspondían a cometidos específicos, por lo que no se ajustaban a las hipótesis que permiten contratar a honorarios en el ámbito municipal.

En consecuencia, acogió la demanda en cuanto a declarar la existencia de una relación laboral entre las partes durante el período en que se prestaron servicios a honorarios, pero se rechazó extender dicha calificación al período posterior en que el trabajador estuvo contratado bajo un régimen distinto, el cual se rige por su normativa especial.

El actor sostuvo que la no renovación de su contrata vulneró sus derechos fundamentales, alegando discriminación por motivos políticos, afectación a la igualdad ante la ley y a su integridad, indicando que la decisión se debió a su apoyo a una determinada candidatura y que no existió una evaluación formal ni una justificación concreta para su desvinculación.

Por su parte, la demandada justificó la no renovación en un ajuste presupuestario, señalando que el gasto en personal a contrata excedía el límite legal del 40%, lo que llevó a reducir la duración de los contratos hasta el 31 de marzo de 2025 y a desvincular a varios funcionarios. En el caso del actor, se indicó que sus funciones podían ser realizadas por otro trabajador a honorarios, lo que implicaba menor costo y no afectaba el límite legal.