Proyecto de ley busca obligar a fiscales a investigar posibles casos de violencia de género desde las primeras diligencias

En la misma línea, y considerando que, según la moción, Camila fue atacada por ser mujer y por ser lesbiana, se propone modificar el artículo 390 ter del Código Penal para precisar que el femicidio por razones de género también comprende las muertes motivadas por esas mismas circunstancias, reales o atribuidas.

La propuesta busca complementar la denominada Ley Gabriela, que amplió la figura del femicidio más allá de las relaciones de pareja, y la Ley N° 21.675, que estableció un marco integral de prevención y protección. Según sus autoras, el problema no radica únicamente en la tipificación de los delitos, sino también en la capacidad de las instituciones para reconocer e investigar oportunamente sus circunstancias.

Además, la moción propone que quienes investiguen o juzguen hechos de violencia de género determinen si existió ese contexto, considerando antecedentes de agresiones anteriores, amenazas, hostigamiento, control coercitivo, vínculos entre las personas involucradas, relaciones desiguales de poder y posibles motivaciones discriminatorias. La determinación y sus fundamentos deberán quedar registrados.

Esta obligación también se extendería a las investigaciones en que una mujer sea imputada o acusada por hechos cometidos contra una persona que, según los antecedentes disponibles, hubiera ejercido violencia de género o intrafamiliar contra ella o contra personas bajo su cuidado.

En esas situaciones, el Ministerio Público tendría que reunir antecedentes sobre agresiones y amenazas anteriores, denuncias, medidas de protección, evaluaciones de riesgo, relaciones de dependencia o control y circunstancias personales, familiares, sociales o económicas que hayan influido en las posibilidades de la mujer de obtener ayuda.

Debería examinar, además, las alternativas de protección efectivamente disponibles y su eficacia. Cabe agregar que la ausencia de denuncias o registros formales previos no bastaría, por sí sola, para descartar la existencia o gravedad de la violencia, por lo que podrían considerarse testimonios, mensajes, fotografías, antecedentes médicos, psicológicos y sociales, así como registros de lesiones anteriores.

La moción precisa que estos antecedentes se incorporarían a la investigación y podrían presentarse en juicio conforme a las reglas generales, sin constituir una presunción a favor ni en contra de la persona imputada. En todo caso, no se pretende crear una nueva causal de exención de responsabilidad penal ni modificar las actualmente contempladas en el Código Penal. Con ello, según sus autoras, se eleva a rango legal un estándar que el propio Ministerio Público ya reconoce en su Manual para la investigación de casos de violencia física y psíquica por razones de género, que instruye a analizar el contexto con perspectiva de género también cuando una mujer es señalada como presunta responsable.

Se citan los casos de Karina Sepúlveda, Juana Candia, Ercira Soto y Katty Hurtado para destacar la importancia de considerar los antecedentes de violencia intrafamiliar prolongada en los procesos penales. De ellas, tres recibieron indultos presidenciales, los que, según la moción, no validan la conducta ni revisan la condena, y constituyen una respuesta tardía y excepcional frente al deber de investigar el contexto de violencia desde el inicio.

En materia de prevención, propone utilizar los antecedentes sobre denuncias, medidas de protección, incumplimientos, órdenes de detención, condenas y otros factores de riesgo en el Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género. Junto con ello, contempla que, tras un femicidio u otro hecho grave, los organismos públicos involucrados propendan a revisar si existían señales de riesgo que pudieron advertirse oportunamente, sin interferir en la investigación penal ni determinar responsabilidades de esa naturaleza.

Para reforzar la protección de las víctimas de violencia de género, el proyecto obliga a los tribunales a evaluar y fundamentar el riesgo para ellas, sus hijos y personas bajo su cuidado al decretar, modificar o levantar medidas cautelares. Con tal fin, deberán considerar antecedentes como violencia sexual, control coercitivo, incumplimientos judiciales, órdenes de detención pendientes y la situación penal del denunciado.

También permite a los tribunales de familia revisar y ampliar las medidas de protección, incluso de oficio, y solicitar auxilio policial. Asimismo, establece la comunicación inmediata de incumplimientos al tribunal y al Ministerio Público, garantiza a las víctimas información sobre las medidas vigentes y extiende su protección a la etapa de cumplimiento de las condenas, permitiéndoles conocer y aportar antecedentes sobre decisiones que puedan afectar su seguridad.

En este mismo ámbito, al resolver sobre penas sustitutivas, libertad vigilada intensiva o libertad condicional en casos de violencia intrafamiliar o de género, el proyecto exige evaluar fundadamente el riesgo para las víctimas, considerando sus antecedentes y observaciones. Establece, además, que estas decisiones y las relativas a beneficios intrapenitenciarios afectan a la víctima, y que ese derecho podrá ejercerse por cualquier medio que permita su comparecencia o la de su representante.

Por último, contempla que las orientaciones de capacitación institucional propendan a incluir contenidos sobre investigación temprana, violencia de género, evaluación del riesgo y prevención de la victimización secundaria, y que los estudios sobre la aplicación de la normativa procuren que sus resultados sean conocidos por las comisiones competentes del Congreso Nacional.

Las parlamentarias fundamentan la iniciativa en la Constitución, los tratados internacionales sobre derechos de las mujeres y experiencias de México, Argentina y España, además de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El proyecto busca garantizar investigaciones tempranas con perspectiva de género, una evaluación oportuna de los riesgos y protección efectiva de las víctimas durante todo el proceso penal, incluido el cumplimiento de las condenas.

Vea texto moción Boletín N° 18.717-07 y siga su tramitación aquí.

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