No actuó como una comisión especial.
Orden de Municipalidad de destruir y trasladar pilotes metálicos emplazados en terrenos considerados bienes nacionales de uso público no constituye un acto de autotutela ilícita, resuelve la Corte Suprema.
Al encontrarse en debate judicial el dominio de tales terrenos, no existe un derecho indubitado que pueda ampararse mediante la acción de protección.

La Corte Suprema revocó sentencia de la Corte de Coyhaique y rechazó el recurso de protección interpuesto por un particular en contra del Alcalde y el Administrador de la Municipalidad de Chile Chico, por la destrucción y remoción de unos pilotes situados en terreno colindante a su propiedad (cuya instalación buscaba proteger a su familia de personas que consumían alcohol y otras sustancias en terreno baldío), que fue ordenada por la entidad edilicia.
El recurrente explicó que en el sector norte de su inmueble (cercano al Lago General Carrera) se encuentra un sitio donde personas –de forma recurrente- realizan conductas reñidas a la moralidad y el buen vivir, los cuales causan gran incomodidad a su familia (han sufrido improperios y amenazas de tales sujetos). Para frenar estos comportamientos decidió instalar unos pilotes metálicos en el terreno (para garantizar su protección e impedir el desplazamiento de vehículos), además de averiguar quién es el propietario del lugar, no encontrando respuestas en las oficinas de la SEREMI de Bienes Nacionales y SERVIU regional.
Ante la falta de información administrativa, solicitó al Tribunal de Letras y Garantía de Coyhaique la rectificación de los deslindes y cabida de su predio para así extenderse formalmente hacia el retazo conflictivo (dado que la Municipalidad de Chile Chico no efectuó medidas tendientes a la protección). Por su parte, el municipio se opuso a dicha petición al considerar que tal solicitud recae sobre un bien nacional de uso público cuya administración le compete.
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