Derecho a la educación.
Autoridades educativas deben ponderar la voluntad de los estudiantes con discapacidad al momento de implementar programas de ayuda, resuelve la Corte Constitucional de Colombia
El derecho a la salud de las personas en situación de discapacidad se encuentra estrechamente ligado a la protección de su voluntad. Por lo cual, al ser sujetos de plenos derechos, que gozan de una especial protección constitucional, lo que se debe buscar es reemplazar los regímenes basados en la adopción de decisiones sustitutivas por sistemas de apoyo para la adopción de la decisión.
La Corte Constitucional de Colombia acogió la acción de tutela interpuesta por el padre de una joven con Síndrome de Down al constatar que las autoridades y las entidades de salud involucradas vulneraron los derechos de la joven al estructurar el Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR) en forma inadecuada. Amparó los derechos a la educación y a la salud de la afectada, al estimar que las personas con discapacidad deben ser oídas en estos casos para respetar así su voluntad.
La acción se originó a raíz de que la institución educativa donde la joven cursaba sus estudios solicitó que uno de sus padres estuviera presente como acompañante permanente en el desarrollo de las actividades académicas. Sin embargo, la joven expresó su desacuerdo con la presencia constante de su padre, mientras que su madre, al ser la principal responsable de los ingresos familiares, no podía asumir dicho rol, lo que resultó en la desescolarización de la menor.
En respuesta a esta situación, el padre de la joven interpuso una acción de tutela en la que solicitó la designación de una docente de apoyo que facilitara la continuidad del proceso educativo de su hija, sin necesidad de contar con el acompañamiento de un familiar.
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