Opinión.
Ley Karin en el sector público. Dificultades para su implementación en el sector público, por Francisco Javier Aldunate Ramos
A más de un año de la entrada en vigor de la Ley Karin, persisten serias dificultades en su implementación en el sector público. La falta de claridad jurídica, la escasa formación en género y los recientes dictámenes de Contraloría que relativizan la sanción de destitución por acoso, amenazan con debilitar los avances en la erradicación de la violencia laboral y sexual.
En su sección contrapuntos, de 27 de septiembre del corriente, los abogados Francisca Arauna y Camilo Mirosevic, refieren a “La implementación de la ley Karin en el sector privado y público: experiencias contrapuestas y cambio cultural” a poco más de un año de la implementación de esta norma (1° de agosto de 2024).
Sobre este tema me gustaría expresar mi opinión, en tanto funcionario público y parte del proceso de gestión de los procedimientos disciplinarios que se inician en el marco de esta ley, desde su inicio y hasta su resolución final.
Una primera aproximación, que estimo importante relevar, es la dificultad que se tiene en la correcta interpretación de esta norma, alentada por una contradictoria jurisprudencia emanada de Contraloría General de la República y luego a cuestiones de orden “doméstico” que imposibilitan una correcta gestión de los procedimientos disciplinarios.
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