Corte confirma multa de 200 UTM a Saint George’s College por imágenes sexuales creadas con IA

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por la Congregación de la Santa Cruz, sostenedora de Saint George’s College, en contra de una resolución de la Superintendencia de Educación que confirmó una multa de 200 UTM aplicada al establecimiento por incumplimientos relacionados con la creación y difusión de imágenes de alumnas manipuladas mediante inteligencia artificial para representarlas desnudas y en posiciones eróticas.

La reclamante sostuvo que la sanción era ilegal, argumentando que la Superintendencia había revocado un acta de fiscalización que inicialmente había concluido que no se evidenciaban incumplimientos de la normativa educacional, vulnerando con ello los principios de confianza legítima y estabilidad de los actos administrativos. Asimismo, alegó infracción de los principios de escrituración, contradictoriedad y derecho de defensa, debido a la incorporación de denuncias posteriores que, según afirmó, no fueron oportunamente puestas en su conocimiento. En cuanto a los cargos formulados, sostuvo que correspondía aplicar el protocolo de maltrato o acoso escolar y no el de agresiones sexuales o hechos de connotación sexual, y que los hechos no revestían caracteres de delito que hicieran procedente su denuncia ante el Ministerio Público. Añadió que había adoptado diversas medidas para resguardar a las alumnas afectadas y prevenir nuevas situaciones, por lo que solicitó dejar sin efecto la multa o, subsidiariamente, reducirla.

La Superintendencia de Educación pidió rechazar la reclamación, señalando que el procedimiento tuvo origen en seis denuncias relativas a imágenes de siete alumnas, modificadas mediante inteligencia artificial para representarlas desnudas y en posiciones eróticas. Explicó que el acta de fiscalización inicial fue revocada debido a que la materia examinada no guardaba correspondencia con el alcance de los hechos denunciados, emitiéndose posteriormente una nueva acta que permitió formular los cargos. Sostuvo que el establecimiento debió aplicar el protocolo correspondiente a agresiones sexuales o hechos de connotación sexual y efectuar la denuncia ante el Ministerio Público, sin que ello quedara entregado a su discrecionalidad. Añadió que las medidas generales de convivencia escolar adoptadas por el Colegio no acreditaban acciones preventivas específicamente destinadas a evitar la reiteración de hechos de carácter sexual.

La Corte desestimó el reclamo y concluyó que no se configuraba ilegalidad en la actuación de la Superintendencia de Educación.

En particular, sostuvo que la autoridad se encontraba habilitada para revocar el acta de fiscalización inicial, debido a que ésta no se correspondía con el verdadero alcance de los hechos denunciados. Precisó que dicha actuación no constituía una invalidación fundada en vicios de ilegalidad, sino un acto revocatorio motivado por la errónea apreciación inicial de la entidad de los hechos. Asimismo, descartó que el acta hubiera generado un derecho adquirido o una legítima confianza en que el establecimiento no sería posteriormente investigado o sancionado, pues se trataba de un acto preparatorio que no determinaba responsabilidades ni eximía de ellas. En ese sentido, afirmó que “no reviste la calidad de ser un acto creador de derechos para los administrados”.