Corte declara prescrita multa de 700 UTM contra Clínica Indisa por exigir pagaré

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el reclamo interpuesto por Instituto de Diagnóstico S.A., Clínica Indisa, en contra de la Superintendencia de Salud, tras concluir que la acción sancionatoria se encontraba prescrita al momento de formular los cargos. El tribunal dejó sin efecto la multa de 700 Unidades Tributarias Mensuales impuesta a la clínica por condicionar la atención de urgencia de una paciente a la suscripción de un pagaré.

La reclamante sostuvo que la multa era ilegal y arbitraria, pues el procedimiento se inició a partir de un reclamo por la exigencia de un pagaré en garantía al ingresar al Servicio de Urgencia, pero los cargos y la sanción posteriormente impuesta no habrían respetado el principio de congruencia. Alegó, además, que la acción sancionatoria se encontraba prescrita, que el procedimiento había decaído por períodos de inactividad de la Administración y que las resoluciones impugnadas carecían de una adecuada fundamentación y ponderación de la prueba.

En particular, Clínica Indisa argumentó que los hechos ocurrieron el 19 de septiembre de 2022, mientras que los cargos fueron formulados más de nueve meses después. Por ello, ante la inexistencia de una regla especial de prescripción en el Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 2005 del Ministerio de Salud, sostuvo que correspondía aplicar supletoriamente el plazo de seis meses establecido en el artículo 94 del Código Penal para las faltas.

La Superintendencia de Salud solicitó rechazar el reclamo. En cuanto a la prescripción, sostuvo que correspondía aplicar el plazo de cinco años previsto en el artículo 2515 del Código Civil, conforme al criterio adoptado por la Contraloría General de la República. Agregó que la exigencia de un pagaré había condicionado la atención de urgencia y que la condición de urgencia podía determinarse a partir de los antecedentes clínicos de la paciente.

La Corte centró su decisión en la prescripción de la acción sancionatoria. El tribunal estableció, en primer término, que la conducta imputada correspondía a una acción instantánea, pues la exigencia de una garantía para condicionar la atención se consuma en el momento en que el prestador formula dicha exigencia.