Naturaleza jurídica de deuda CAE y procedimiento para su cobro no pueden determinarse mediante recurso de protección

Sin embargo, distinguió entre la facultad general para cobrar un crédito público y la autorización específica necesaria para emplear el procedimiento especial contemplado en el Código Tributario. En ese sentido, consideró que el crédito CAE tenía su origen en una relación contractual y no en una obligación tributaria nacida de la realización de un hecho gravado.

Respecto del artículo 18 bis de la Ley N°20.027, la Corte de Valparaíso estimó que la norma entrega facultades de cobranza a la Tesorería, pero no establece expresamente que las deudas derivadas del CAE deban someterse al procedimiento excepcional del Título V del Libro III del Código Tributario.

El tribunal también consideró relevante que esa disposición haga referencia a las reglas generales de procedimiento aplicables al cobro coactivo, ordinario o ejecutivo de los títulos en que constan los créditos.

Asimismo, tuvo presente el artículo 22 N°10 de la Ley N°20.027, que contempla la posibilidad de celebrar convenios con entidades públicas o privadas para efectuar la cobranza de los créditos, disposición que, a su juicio, debía ser considerada al interpretar el sistema establecido por la ley.

Desde la perspectiva del principio de legalidad, la Corte de Valparaíso recordó que los órganos de la Administración deben actuar dentro de las competencias que la legislación les ha conferido. Sobre esa base, concluyó que la Tesorería no podía recurrir a un procedimiento especial y excepcional sin contar con una habilitación legal suficiente para aplicarlo a esta clase de crédito.

El tribunal consideró, además, el Reglamento de la Ley N°20.027, contenido en el Decreto N°182 de 2005, y estimó que sus disposiciones sobre las actuaciones judiciales anteriores a que se hiciera efectiva la garantía estatal eran coherentes con la naturaleza civil de la obligación.

En consecuencia, la Corte de Valparaíso concluyó que la utilización del procedimiento previsto en el Título V del Libro III del Código Tributario vulneraba los artículos 6° y 7° de la Constitución. También estimó que la actuación podía afectar la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, atendidas las características del procedimiento especial de ejecución.

Por estas razones, acogió, sin costas, el recurso de protección y dejó sin efecto el procedimiento de cobro administrativo.

La Tesorería apeló de esta decisión y el asunto fue conocido por la Corte Suprema, que revocó la sentencia en alzada y rechazó la acción constitucional.

El máximo tribunal abordó la controversia desde una perspectiva distinta y centró su análisis en la naturaleza del recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución. Recordó que se trata de una acción cautelar destinada a proteger el legítimo ejercicio de derechos y garantías preexistentes frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que los priven, perturben o amenacen.

La Corte Suprema precisó que esta acción constitucional no constituye una instancia destinada a declarar derechos cuyo reconocimiento requiera un debate propio de un procedimiento de lato conocimiento.

En el caso concreto, identificó como actuación cuestionada la emisión, notificación y ejecución de actuaciones administrativas de cobro efectuadas por la Tesorería mediante el procedimiento contemplado en los artículos 171 y 173 del Código Tributario, respecto de una deuda proveniente del financiamiento de estudios superiores regulado por la Ley N°20.027.

Para resolver si ese procedimiento era aplicable, sostuvo la Corte, primero era necesario determinar la naturaleza jurídica del crédito que dio origen a la cobranza. A partir de esa definición, también sería necesario establecer cuál era el tribunal competente y qué procedimiento correspondía utilizar para hacer efectivo el crédito.

A juicio del máximo tribunal, esas materias no podían ser determinadas mediante una acción cautelar, porque requieren una discusión jurídica propia de un procedimiento de lato conocimiento. Por ello, concluyó que la pretensión formulada excedía el ámbito del recurso de protección.

De este modo, ambos tribunales llegaron a conclusiones distintas a partir de enfoques diferentes. La Corte de Valparaíso examinó el fondo de la actuación de la Tesorería y determinó que no existía una habilitación legal suficiente para aplicar el procedimiento especial del Código Tributario al cobro de una deuda CAE, concluyendo que dicha autorización no existía en los términos requeridos.

La Corte Suprema, en cambio, no resolvió definitivamente si el crédito derivado del CAE tiene naturaleza civil, contractual, fiscal o tributaria, ni estableció cuál es el tribunal competente o el procedimiento correcto para efectuar su cobranza.

La revocación del fallo de la Corte de Valparaíso, por lo tanto, no significa que la Corte Suprema haya declarado procedente el procedimiento del Código Tributario para cobrar las deudas del CAE. Su decisión se limitó a establecer que determinar la naturaleza jurídica del crédito y definir la vía adecuada para su cobro requiere un procedimiento de lato conocimiento y excede el carácter cautelar del recurso de protección.

Vea sentenciaCorte Suprema Rol N°37.698-2026 y Corte de Valparaíso Rol N° 3346-2026 (Proteccción).