Conductor ebrio que provocó la muerte de otro camionero deberá cumplir cinco años y 50 días de cárcel efectiva

Otro de los aspectos centrales del juicio fue la validez de la licencia profesional argentina categoría E-1 que poseía el acusado. La defensa sostuvo que dicho documento le permitía conducir camiones articulados y que debía ser reconocido en Chile conforme al acuerdo bilateral sobre reconocimiento recíproco y canje de licencias de conducir, promulgado mediante el Decreto Supremo N°173 de 2021.

Sin embargo, el tribunal rechazó ese planteamiento. Explicó que el artículo 12 de la Ley de Tránsito exige una licencia profesional clase A-5 para conducir vehículos de carga articulados cuyo peso bruto vehicular supere los 3.500 kilogramos. Asimismo, precisó que el acuerdo entre Chile y Argentina excluye expresamente de su ámbito de aplicación la conducción profesional con fines comerciales.

Los jueces consideraron que el acusado desarrollaba habitualmente actividades de transporte de carga en Chile y que, según su propia declaración, se dirigía a descansar antes de cargar mercaderías para continuar sus labores. Por ello, estimaron que su actividad mantenía una finalidad comercial, aunque el tractocamión circulara sin carga al momento del accidente. Añadieron que tampoco se había acreditado la equivalencia de su licencia argentina con la clase A-5 exigida por la legislación chilena.

La sentencia también descartó que una suspensión de licencia consignada en la hoja de vida del acusado demostrara que contaba con una habilitación profesional válida, pues el mismo documento señalaba que no tenía licencias registradas. Al respecto, explicó que una suspensión judicial puede constituir una prohibición de obtener licencia, sin que necesariamente suponga la existencia de una autorización previa. En consecuencia, concluyó que el conductor carecía de la licencia profesional requerida, configurándose el delito previsto en el artículo 194 de la Ley de Tránsito.

Por otra parte, el tribunal desestimó la circunstancia agravada adicional invocada por la parte querellante, al considerar que no se habían descrito ni acreditado suficientemente los hechos necesarios para su aplicación. Para ello, tuvo presente que el acusado se dirigía a descansar y que el tractocamión circulaba sin carga. Además, recordó que el principio de congruencia, establecido en el artículo 341 del Código Procesal Penal, impide condenar por circunstancias que no estén debidamente comprendidas en la acusación.

De esta manera, declaró acreditada, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad del acusado como autor de los delitos de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte y daños materiales, y conducción sin la licencia profesional requerida.

Al determinar las penas, el tribunal reconoció dos circunstancias atenuantes de responsabilidad penal: la irreprochable conducta anterior, por no registrar antecedentes penales, y la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, al haber reconocido su participación en el accidente y admitido que condujo después de consumir alcohol.

No obstante, los jueces también consideraron especialmente las graves consecuencias que la muerte del transportista produjo en su entorno familiar. En este punto, valoraron la declaración de su pareja, quien relató que mantenían una relación de casi 15 años y tenían un hijo que, al momento del accidente, contaba con cinco años.

La mujer explicó que el fallecido participaba activamente en la crianza del niño y constituía el principal sustento económico del hogar. Su muerte provocó una profunda afectación emocional en la familia, especialmente en el menor, quien requirió apoyo psicológico. También generó importantes dificultades económicas, que obligaron a su pareja a abandonar la vivienda familiar, trasladarse a la casa de su madre y reorganizar los gastos del hogar.

El tribunal destacó que el accidente no solo causó la muerte de una persona que se encontraba trabajando, sino que también produjo consecuencias profundas y duraderas para su familia, tanto en el ámbito emocional como económico.

Considerando estos antecedentes y las reglas especiales de determinación de penas contempladas en el artículo 196 bis de la Ley de Tránsito, los jueces impusieron cinco años de presidio menor en su grado máximo por el delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte y daños materiales, además de una multa de 12 UTM y la inhabilidad perpetua para conducir vehículos motorizados.

Por el delito de conducción sin licencia profesional, fijaron una pena adicional de 50 días de prisión, teniendo en cuenta las dos atenuantes reconocidas y la ausencia de agravantes.

La defensa solicitó sustituir las penas privativas de libertad por libertad vigilada intensiva y acompañó informes psicológico y social favorables al acusado, que daban cuenta de su arrepentimiento, arraigo familiar y laboral, disposición al cambio y bajo riesgo de reincidencia.

Sin embargo, el tribunal rechazó la solicitud, debido a que ambas penas sumaban cinco años y 50 días de privación de libertad, superando el límite máximo de cinco años previsto en la Ley N°18.216 para acceder a dicha pena sustitutiva. En consecuencia, ordenó su cumplimiento efectivo, comenzando por la sanción más grave.

Asimismo, dispuso abonar a la condena el tiempo que el acusado había permanecido privado de libertad desde el 3 de mayo de 2024 y autorizó el pago de la multa de 12 UTM en doce cuotas mensuales.

Finalmente, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua decretó el comiso del tractocamión Scania y su semirremolque, impuso las penas accesorias correspondientes y condenó al acusado al pago de las costas del proceso. Una vez ejecutoriada la sentencia, ordenó efectuar las comunicaciones legales pertinentes y remitir los antecedentes al Juzgado de Garantía de Peumo para el cumplimiento y ejecución de las sanciones.

Vea sentencia Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua Rol Nº588-2026.