Fiscalía pide al Tribunal Constitucional rechazar impugnación de conductor condenado por no auxiliar a motociclista que murió tras accidente

Explicó que el procedimiento pendiente ante la Corte de Talca corresponde a un recurso de nulidad penal fundado en la causal del artículo 373, letra b), del Código Procesal Penal, relativa a errores de derecho que influyen sustancialmente en la decisión.

Sin embargo, sostuvo que las decisiones sobre penas sustitutivas deben impugnarse mediante el recurso de apelación contemplado en el artículo 37 de la Ley N°18.216, y no a través de un recurso de nulidad contra la sentencia definitiva.

La Fiscalía destacó que la defensa no interpuso esa apelación y que, por lo tanto, el recurso actualmente pendiente no constituye la vía procesal destinada a modificar lo resuelto sobre la sustitución de la pena o la suspensión de su ejecución.

Añadió que, para que una eventual declaración de inaplicabilidad produjera el efecto pretendido por la defensa, no bastaría con impedir la aplicación del artículo 196 ter, sino que sería necesario modificar una decisión judicial ya adoptada.

Según el Ministerio Público, ello excedería la finalidad del requerimiento de inaplicabilidad, que no constituye un recurso destinado a revisar o reformar resoluciones judiciales.

También observó que la defensa solicitó únicamente la nulidad de la sentencia y la dictación de un fallo de reemplazo, sin pedir la invalidación del juicio oral. En consecuencia, sin perjuicio de las facultades que pudiera ejercer de oficio el tribunal, la solicitud no contempla la realización de un nuevo juicio.

Sobre esa base, concluyó que el precepto impugnado no tendría una aplicación decisiva en el recurso de nulidad pendiente, requisito necesario para que proceda una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.

Como tercer fundamento, la Fiscalía invocó el artículo 84, numeral 6, de la Ley N°17.997, que contempla la inadmisibilidad de los requerimientos que carecen de fundamento razonable.

Recordó que el artículo 80 del mismo cuerpo legal exige exponer claramente los hechos, los fundamentos jurídicos y la manera en que la aplicación de la disposición cuestionada produciría una infracción constitucional.

En este punto, reiteró que el Tribunal Constitucional ha rechazado numerosos requerimientos contra el artículo 196 ter por alegaciones vinculadas con igualdad ante la ley y proporcionalidad.

Además de las sentencias ya mencionadas, citó el fallo Rol N°16.601-2025 y las resoluciones de inadmisibilidad dictadas en las causas roles N°s 17.691-2026, 17.565-2026, 17.487-2026 y 17.401-2026, entre otras.

A juicio del organismo persecutor, la nueva presentación no incorpora antecedentes ni argumentos constitucionales diferentes de aquellos que el Tribunal Constitucional ya ha examinado y desestimado.

Por ello, sostuvo que el requerimiento tampoco satisface la exigencia de fundamentación razonable establecida en la legislación orgánica del Tribunal Constitucional.

De esta manera, la Fiscalía busca impedir que el requerimiento avance a un examen de fondo, al considerar que la disposición cuestionada no resulta decisiva para resolver el recurso de nulidad pendiente, que existen pronunciamientos anteriores sobre las mismas objeciones constitucionales y que la acción carece de nuevos fundamentos que justifiquen su tramitación.

La Primera Sala del Tribunal Constitucional debe ahora pronunciarse sobre la admisibilidad de la impugnación.

Vea texto requerimiento Tribunal Constitucional Rol Nº18.105-26-INA y expediente.