Corte Suprema descarta confianza legítima de funcionaria municipal que se desempeñó en cargos de distinta naturaleza

La Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que había acogido un recurso de protección presentado por una funcionaria municipal contra la decisión de no renovar su contrata para el año siguiente. El máximo tribunal concluyó que, atendidas las distintas calidades jurídicas y funciones que desempeñó durante su trayectoria, no se configuró la confianza legítima que le permitiera exigir la continuidad de su vínculo estatutario. En consecuencia, rechazó la acción constitucional en todas sus partes.

La controversia se originó cuando la funcionaria recibió, en noviembre de 2025, una comunicación electrónica y una carta en que se le informó que su contrata no sería renovada para el periodo siguiente, invocándose genéricamente las disposiciones del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

La recurrente había prestado servicios de manera ininterrumpida en el municipio desde marzo de 2017, desempeñando diversos cargos de responsabilidad e incluso funciones mediante subrogancias y suplencias directivas. Por ello, sostuvo que la decisión de no renovar su vínculo vulneraba sus derechos a la igualdad ante la ley y de propiedad, al desconocer el principio de confianza legítima.

Argumentó que había superado el umbral temporal de cinco años reconocido por la jurisprudencia para generar una expectativa protegida de continuidad y que la decisión municipal carecía de un acto administrativo debidamente fundado.

Por su parte, el municipio solicitó rechazar la acción, argumentando que los empleos a contrata tienen carácter transitorio y temporal, por lo que expiran el 31 de diciembre de cada año. Añadió que la funcionaria no cumplía el requisito de continuidad necesario para configurar la confianza legítima, debido a que su trayectoria había incluido interrupciones derivadas de su desempeño en cargos de planta en calidad de suplente.

La Corte de Valparaíso acogió el recurso de protección y dejó sin efecto la decisión de no renovar la contrata, ordenando la reincorporación de la funcionaria y el pago de las remuneraciones correspondientes al periodo en que permaneció separada de sus funciones.

Para resolver, el tribunal de alzada estimó que la trabajadora había mantenido un vínculo continuo con el municipio desde 2017, circunstancia que generó una expectativa real y plausible de continuidad laboral. Agregó que el desempeño temporal como suplente no interrumpía la continuidad de los servicios ni desvirtuaba la protección derivada de la confianza legítima.