Admisibilidad de recurso de protección
CS ordena tramitar recurso de protección contra la PDI por presunto desalojo sin orden judicial
La acción había sido declarada inadmisible por estimarse que los hechos y las peticiones formuladas excedían su naturaleza cautelar. Sin embargo, el máximo tribunal consideró que los antecedentes denunciados podían configurar una vulneración de garantías constitucionales, por lo que correspondía dar curso a su tramitación.
La Corte Suprema revocó la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago que había declarado inadmisible un recurso de protección presentado contra la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), a raíz de un presunto desalojo efectuado en un inmueble de la capital. El máximo tribunal estimó que los hechos denunciados podían afectar garantías constitucionales y ordenó tramitar el recurso.
Según relató el recurrente, funcionarios de la PDI habrían ingresado a su domicilio forzando la puerta de acceso y procediendo al desalojo de sus ocupantes, sin contar con una orden judicial que autorizara el procedimiento ni haber efectuado una notificación previa.
Asimismo, denunció que dos personas habrían sido trasladadas a dependencias policiales, donde permanecieron aproximadamente siete horas, mientras diversas pertenencias quedaron al interior del inmueble. Agregó que, al consultar posteriormente en la Fiscalía, no habría obtenido antecedentes sobre la existencia de una orden que respaldara el desalojo.
En su presentación, denunció vulneradas las garantías de la igualdad ante la ley, el derecho a ser juzgado por los tribunales establecidos por la ley, la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada y el derecho de propiedad.
Por ello, solicitó que se dejara sin efecto la actuación atribuida a la PDI y se dispusiera la restitución del inmueble y de sus pertenencias, incluido un vehículo que identificó como de su propiedad. Asimismo, pidió una orden de no innovar destinada a suspender los efectos del procedimiento cuestionado mientras se resolvía la acción constitucional.
Al examinar el recurso, la Corte de Santiago estimó que los hechos descritos y las peticiones formuladas excedían las materias susceptibles de ser conocidas mediante un recurso de protección, atendida su naturaleza cautelar. Por ello, consideró que no constituía la vía procesal idónea para resolver la controversia, por lo que declaró inadmisible la acción de protección.
Frente a esta decisión, el recurrente interpuso reposición con apelación en subsidio, insistiendo en la inexistencia de una orden judicial que respaldara el supuesto desalojo, señalando que contaba con testigos de los hechos denunciados. La Corte de Apelaciones rechazó la reposición al estimar que los argumentos expuestos no permitían modificar lo resuelto, pero concedió la apelación subsidiaria y dispuso elevar los antecedentes a la Corte Suprema.
Al conocer de la impugnación, el máximo tribunal examinó los requisitos de admisibilidad del recurso de protección. En este contexto, estimó que los hechos denunciados, particularmente el presunto ingreso forzado al domicilio y el desalojo sin orden judicial, podían constituir una vulneración de garantías constitucionales, como la inviolabilidad del hogar y el derecho de propiedad. Por ello, consideró que correspondía admitir la acción a tramitación para examinar los antecedentes.
En virtud de lo expuesto, la Corte Suprema revocó la resolución apelada y declaró admisible el recurso de protección, disponiendo que se le diera la tramitación correspondiente, sin pronunciarse sobre la efectividad de los hechos denunciados ni sobre la legalidad de la actuación policial.
Vea resolución Corte Suprema Rol N°53.378-2026 y Corte de Santiago Rol 20.485-2026.
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