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El artículo del BID da luces sobre las experiencias latinoamericanas.

Sentencia indicó que la causal de necesidades de la empresa esconde la real intención de poner término a la relación laboral por la participación del docente en huelgas que tuvieron la atención de medios locales de comunicación.

Fallo de alzada ordenó que vuelvan los autos al tribunal laboral del grado, para que conozca de la reclamación un juez no inhabilitado.

En su resolución, la Magistratura Constitucional sostuvo que el requerimiento no cumple con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 84 de la LOCTC, toda vez que en el requerimiento impetrado no existe una gestión judicial pendiente en tramitación.

Tribunal de alzada indicó que las normas de protección a los derechos fundamentales de los trabajadores se aplican a todas las personas, en aplicación de la protección constitucional de tales garantías.

Tribunal indicó que los hechos denunciados no revisten la gravedad denunciada por el demandante.

Los recurrentes estimaron vulneradas sus garantías constitucionales del artículo 19 numerales 1, 2, 8 y 24.

El máximo Tribunal brasileño adujo que la legislación que regula el procedimiento para la destitución de alcaldes no prevé la celebración de sesiones sin la presencia de público.

Al respecto, la Magistratura constitucional colombiana adujo que la Sala de Casación Laboral no analizó el fondo de todos los cargos contenidos en la demanda.

Se demostró que fue monitoreado regularmente por equipos médicos.

Tribunal de alzada indicó que no es posible aplicar supletoriamente las normas del código del trabajo a funcionarios sujetos al estatuto docente.

Razona la Corte que no yerra la sentencia impugnada al rechazar la excepción de incompetencia absoluta pues el procedimiento de tutela laboral se aplica respecto de las cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas de dicho ámbito, que afecten los derechos fundamentales de los trabajadores.

La Corte Suprema señaló que, se ha de dar por establecido que los jueces del mérito han incurrido, efectivamente, en el yerro jurídico que se les reprochó.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

La Corte Suprema señaló que, con negativa de la recurrida esta incurrió en un acto arbitrario que amenazó una garantía fundamental.

En esta versión se incluyeron las siguientes categorías: información sociodemográfica, trayectoria académica y de perfeccionamiento, trayectoria en el Poder Judicial, variables que incidieron en la decisión de ingreso al Poder Judicial, Programa de Formación de la Academia Judicial, Programa de Perfeccionamiento, e impacto y desafíos éticos del cargo.

La sentencia indica que el procedimiento de cobro de obligaciones tributarias es un procedimiento mixto, contencioso administrativo y jurisdiccional, que se tramita conforme a las reglas establecidas en el Título V del Libro Tercero del Código Tributario que regula el "cobro ejecutivo de las obligaciones tributarias de dinero".

Concluir la titularidad del crédito universitario por la universidad demandada, prosigue la sentencia, no se ve desvirtuada por la circunstancia de existir regulaciones administrativas en el uso de los fondos y la gestión del mismo, pues tales controles se explican únicamente en la finalidad del crédito y el origen estatal de los recursos.

Lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 205 del Código Procesal Penal tiene carácter de subsidiario.

La Corte Suprema señaló que, se apreció la invocación de argumentos y causales propios de una nulidad formal, omitiendo señalar los errores de derecho sustantivo en que habría incurrido el fallo impugnado.